El CELS rescató el diálogo entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Estado argentino sobre el cumplimiento del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Sobre las respuestas del Estado argentino ante el Comité de DDHH de la ONU> https://t.co/G7OpX11Nmv
— CELS (@CELS_Argentina) 30 de junio de 2016
- Proceso de memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad
“Los expertos del Comité expresaron preocupación en varias oportunidades por la continuidad del proceso en general y por el desmantelamiento de áreas importantes del Poder Ejecutivo que lo apoyaban en particular. Los integrantes de la delegación argentina sostuvieron que este trabajo no será afectado y ratificaron que el proceso de verdad y justicia es una política de Estado. No respondieron a las preguntas sobre la falta de conformación de la comisión bicameral que debe investigar la complicidad económica y sobre el compromiso del Estado con el avance de las causas judiciales que involucran a empresarios”.
- Políticas de seguridad
“Varios expertos del Comité alertaron sobre la habilitación a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior que se podría desprender de la Declaración de Emergencia en Seguridad de enero 2016 y la autorización del derribo de aviones. El Estado reconoció que el decreto de la Emergencia en Seguridad y el derribo habían sido muy cuestionados y anunciaron que el gobierno presentará un proyecto de ley para cumplir con los estándares internacionales”.
- Situación de las personas privadas de libertad
“El Estado reconoció que incumple sus obligaciones internacionales al no implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dijo que ponerlo en marcha está entre sus prioridades. Algunos expertos del Comité preguntaron cómo el Estado aseguraba la no impunidad de hechos de tortura en las cárceles y cómo el autogobierno del servicio penitenciario sostiene prácticas violentas. Como respuesta a estos problemas, el Estado mencionó la declaración de emergencia del Sistema Penitenciario Bonaerense y se refirió a la conformación de una mesa de trabajo con participación de organizaciones sociales como una de las medidas concretas para revertir la situación”.
“Miembros del Comité preguntaron sobre algunos casos específicos de ejecuciones y lesiones graves cometidas por las fuerzas de seguridad: los de Alan Tapia, Lautaro Bugatto, Lucas Cabello, Gabriel Solano, Franco Casco y Gerardo Escobar. Pidieron al Estado información precisa sobre las investigaciones judiciales en estos casos para impedir la impunidad. Como no hubo una respuesta durante el diálogo, uno de los miembros solicitó que el Estado presente información por escrito”.
- Derechos de los pueblos indígenas y garantía del derecho a la propiedad ancestral
“Los miembros del Comité se refirieron a la situación de la asociación de comunidades aborígenes Lhaka Honhat en la provincia de Salta. Preguntaron por qué no se había concluido la demarcación del territorio de las comunidades, cuándo se les va a entregar el título colectivo y cuándo se realizarán las obras para garantizar los traslados de las familias criollas que viven en esas tierras. Sobre este tema, los representantes del Estado admitieron que no se ha avanzado lo suficiente en las obras de infraestructura que hacen faltan”.
“Por otro lado, desde el Comité plantearon su preocupación por la criminalización de los miembros de las comunidades indígenas y en particular por la situación de la Comunidad la Primavera y de Félix Díaz. Los integrantes de la delegación argentina dijeron que el Estado venía acompañando a Díaz e hicieron referencia al decreto del mes pasado que creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas”.
Para leer el informe completo: www.cels.org.ar
