El juez Ariel Lijo determinó que en la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 hubo “lavado de activos de origen delictivo”.
A través de una resolución y según lo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado procesó a ex funcionarios como Héctor Capaccioli, quien fuera titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y a Sebastián Gramajo (ex gerente de la Anses).
También la medida alcanza a Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez). Por el momento dispuso embargos a todos los involucrados hasta cubrir la suma de tres millones de pesos y ninguno tendrá prisión preventiva.
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— Diario BA (@diariodeBA) 23 de junio de 2016
¿Por qué los procesamientos? Para el juez, los ex funcionarios y los empresarios farmacéuticos participaron “de un entramado de operaciones” que permitió lavar casi un millón de pesos que provenía de estafas con medicamentos.
“Ninguno de los aportantes tenían capacidad económica para hacer los aportes que hicieron. Esas mismas personas están procesadas por asociación ilícita en la causa por la mafia de los medicamentos, o bien están imputados con presunciones severas en la causa del tráfico de efedrina”, aseguró el magistrado en diálogo con Radio Nacional.
En base a lo que figura en la investigación judicial, “los aportes efectuados por las empresas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp para la campaña del Frente para la Victoria (FPV) se pusieron en circulación 886.000 pesos de origen ilegal”.
