55 millones de toneladas de residuos peligrosos, una minera chilena y suelo argentino: el combo “perfecto” de un escándalo internacional.
Los vecinos de las ciudades y pueblos de la Provincia de San Juan no dan más: a los millones de litros de solución cianurada vertidos por la Barrick Gold a fines del 2015 ahora se le suma un “megabasurero” creado por “Luksic”, una minera chilena.
La situación es grave: el gobierno trasandino autorizó en 2011 ubicar uno de los basureros de “Los Pelambres” en territorio argentino, gracias a la utilización de mapas oficiales con errores de mediados de la década de los ochenta.
“Por donde pasa la minería sólo quedan saqueo, territorios devastados y empresas ricas” ?☠https://t.co/Gdef9w13FA pic.twitter.com/5Re6jPXP2r
— Diario BA (@diariodeBA) 19 de mayo de 2016
Escombros, basura y químicos se amontonan sobre montaña y lagunas pero la violación sistemática de la Constitución Nacional y de la “Ley de Residuos Peligrosos” hasta ahora no ha despertado ningún resquemor por parte de la administración de Cristina Fernández de Kirchner ni de Mauricio Macri.
“Todo esto paradigmático de lo que significa la megaminería, que genera centenares de miles de toneladas de residuos peligrosos que quedan como un pasivo para siempre”, aseguró Enrique Viale a InfoBae. “La presencia de la escombrera del lado argentino viola el artículo 41 de la Constitución Nacional y es un delito federal por violación de la Ley de Residuos Peligroso. 52 hectáreas de residuos peligrosos deberían ser un escándalo internacional y un problema diplomático”, agregó.
“La inmensa escombrera, de 52 hectáreas, quedará perpetuamente allí y ni siquiera pagarán una indemnización. Es una amenaza ambiental para toda la población: los residuos lo deberían llevar a Chile. Está ubicada en el lugar ambientalmente más sensible de San Juan, donde nace el Río San Juan”, señaló, por su parte, el abogado Diego Seguí.
Sólo entre 2007 y 2012, “Los Pelamabres” arrojó poco más de 55 millones de toneladas de residuos peligrosos en suelo argentino. Por la presión social y las críticas, el gobierno sanjuanino firmó con “Antofagasta Minerals” (“controladora” de Luksic) un acuerdo para hacerse cargo del “aislamiento” del basurero: no será removido y la minera tampoco pagará indemnización.
