Luego de la primera audiencia pública fallida para tratar el aumento del subte, este martes se realizó la segunda en el “Centro Cultural San Martín”.
El incremento en la tarifa del subte todavía no pudo ser aplicado tal cual lo habían estipulado las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el mes de mayo, la jueza Elena Liberatori frenó la audiencia pública que debía ocuparse del tratamiento de la suba, lo que terminó por retrasar el asunto. En ese entonces, la magistrada aseguró que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no respetaba “los plazos, la transparencia, la publicidad y el acceso a la información”.
Luego de la primera audiencia, que tuvo que ser interrumpida por una protesta de organizaciones sociales, algunos legisladores plantearon la necesidad de contar con informes claros: “El objetivo es determinar si realmente se debe aumentar la tarifa para los usuarios y de ser así, cuál sería el monto correspondiente”, explicó Claudio Heredia, diputado del Frente Para la Victoria (FPV).
“La tarifa técnica que invoca SBASE para justificar el aumento es falsa. La ubican en $13,37 cuando no debería superar los $8,76. SBASE ya fue cuestionada por la Auditoría de la Ciudad en 2013 cuando calculó en $4,89 la tarifa técnica que para SBASE era $7,47″, sostuvo por su parte Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
“Si a la tarifa de 4,89 de la Auditoría le aplicamos la inflación del período, calculada por el propio gobierno, hoy la tarifa técnica tendría un valor de $8,67. Para justificar el aumento SBASE está inflando la tarifa un 53%, inaceptable. Queremos que Metrovías abra sus libros contables para poder determinar los costos”, añadió.
Desoyendo las críticas de la oposición del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, confirmó que la tarifa del subterráneo se irá de 4,50 pesos a 7,50 pesos con una tarifa social de 4 pesos. Los nuevos precios podrán regir “a partir de 20 días y un mes al finalizar la audiencia”: por ello estiman que entrarán en vigencia en aproximadamente 50 días.
