Una vez más, el oficialismo se opuso y bloqueó el proyecto para crear una comisión investigadora de la tragedia de “Time Warp”.
La muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica “Time Warp” destapó todo un entramado de negocios en torno a la venta de drogas.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires trató dos iniciativas distintas que proponían una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos el último 15 de abril en el predio de Costa Salguero: pese a ello, el PRO y sus aliados logró frenar ambos y ninguno terminó siendo aprobado.
Uno de los proyectos apuntaba a realizar una “investigación profunda, exhaustiva y sin limitaciones”; indagando en las “responsabilidades políticas, por acción u omisión, de las autoridades y funcionarios del Gobierno de la Ciudad y las relaciones político-empresariales que se vinculen con los hechos, las causas y fallas de gestión y control que originaron los hechos”.
“Hay responsabilidades compartidas entre Prefectura, los organizadores y el GCBA” | https://t.co/allm5uvqgL pic.twitter.com/T6DxqdohkO
— Diario BA (@diariodeBA) 22 de abril de 2016
El actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló luego del pedido de procesamiento de cinco funcionarios por las muertes en Costa Salguero y aseguró que estaba “bien” que se investigue. Además, recalcó que buena parte de la información con la que cuenta la Justicia partió del mismo GCBA.
Los cinco funcionarios porteños procesados pertenecen a la “Gerencia de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control” de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello, tanto el gerente, Claudio Alberto Iacobaccio; el inspector designado como coordinador para el evento, Fernán García Vázquez; y Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella, que intervinieron como inspectores de la fiesta, son “partícipes necesarios de la venta de drogas”.
En esta línea, el magistrado sumó a la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la responsabilidad que tuvieron en el “abandono de personas”: también les trabó embargo por 20 millones de pesos a cada uno.
