A través de una nota titulada “Gulag argentino”, el reconocido diario vuelve a pedir desde sus páginas por los militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
“Años de plomo”, comparaciones con los “gulag” soviéticos, “presuntos represores” y apelaciones al “Papa Francisco”: con ese arsenal discursivo, el diario “La Nación” volvió a publicar una columna en defensa de los represores detenidos por crímenes de lesa humanidad.
“En la Argentina hay un grupo de detenidos en cárceles comunes, o en sus casas convertidas en prisión, que no tienen visibilidad. No están lejos, como en la Siberia de la Rusia soviética, pero, aun así, es como si no existieran. Salvando las distancias, este gulag se diferencia del soviético en que aquí quienes lo han creado no son los comisarios políticos de la Rusia comunista, sino los propios jueces de la Nación. Cuando se menciona en forma oficial a estos detenidos, se los llama genocidas. Son los detenidos por lesa humanidad o, simplemente, “lesa”. Se trata de personas mayores, y muchos de ellos ya han muerto en estas condiciones. Fueron apresados en procesos cuestionables, pero quien reclame garantías para ellos será acusado de protegerlos. De modo que son pocos los que se animan a hablar”, asegura Horacio Lynch, abogado, en “Gulag argentino”.
“Así como en los años de plomo se llegó a la conclusión – hoy vista como demencial – de combatir a la guerrilla terrorista con otra forma superior de terrorismo, ahora se acepta otra peculiar visión: para afirmar los derechos humanos en la Argentina pueden aceptarse ciertas violaciones de los derechos de los presuntos represores aun cuando, al hacerlo, se desconozcan las convenciones internacionales sobre la edad y la prisión preventiva, entre otras”, continúa el letrado barajando palabras como “bando” y “posibles represores”, que crean el efecto de dejar abierta la incertidumbre sobre procesos documentados, probados y estudiados por la Justicia durante décadas.
Vale la pena recordar que “La Nación” ha venido históricamente manejando argumentos pro-militares basados en la “teoría de los dos demonios” y el negacionismo. Sin embargo, desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre del 2015, las columnas, notas y pedidos a favor de los represores vienen apareciendo en sus páginas con mayor asiduidad.
Delitos de lesa humanidad: “El 31% de los imputados han sido sentenciados” | ¡NUNCA MÁS! ✊ | https://t.co/Tq0gjvE9m3 pic.twitter.com/V4D82S85Bn
— Diario BA (@diariodeBA) 24 de marzo de 2016
“La aceptación social de este gulag tiene cierta semejanza y parecida irresponsabilidad si se considera el hecho de que hoy no se verifica aquella conmoción social que entonces sacudía el país. Atribuyo esta aceptación también a la experiencia de una “ingeniería social” que hizo posible que las actuales generaciones tuvieran una versión deformada de lo ocurrido en los años 70, tanto de la guerrilla como de su represión aplicando el terrorismo de Estado. Eso hace posible que quienes no vivieron aquellos hechos ni siquiera se planteen la posibilidad de que lo ocurrido no fue exactamente como se lo contaron. Muchos de los que lo vivieron prefieren aceptar la tesis oficial de la administración kirchnerista. En consecuencia, todo intento de que se respeten los derechos resulta políticamente incorrecto”, sentenció el abogado y ex presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.
La equiparación de los procesos abiertos en torno a las consignas de “Memoria, Verdad y Justicia” estrictamente con los gobiernos kirchneristas viene también a intentar abrir una brecha en este espacio en que actualmente se encuentran asentados los derechos humanos en la Argentina: en vez de considerarlos como fruto de un proceso social mucho más amplio, apuntalado durante décadas por las organizaciones de DDHH, Lynch – y muchos otros – buscan reducirlo a la “lógica de la grieta” para quitarle legitimidad social.
