El plan/acuerdo fue llevado adelante por seis dictaduras latinoamericanas para intercambiar información y colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos.

Plan Condor

Poco más de 30 años después de su acta fundacional, el “Plan Cóndor” finalmente ha sido reconocido judicialmente como “una asociación ilícita” organizada para asesinar.

El mismo tuvo su origen el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile y el papel por escrito que daba constancia del acuerdo fue encontrado muchos años después en Paraguay: la ligazón entre las estructuras operativas y logísticas de un puñado importante de dictaduras latinoamericanas acabó con la vida de miles de disidentes políticos.

En un fallo histórico, la Justicia argentina condenó formalmente a los máximos responsables de haberlo llevado adelante: el juicio empezó en 1999 con sólo cinco casos y llegó a constatar 105 víctimas. El tribunal condenó a los 18 imputados por “asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor” a entre 12 y 25 años de prisión.

Entre ellos se encuentran nada más y nada menos que el último presidente de facto de la dictadura cívico militar, Reynaldo Bignone (condenado a 20 años) y el general Santiago River (le dieron 25 años). Asimismo fue juzgado el coronel uruguayo Manuel Cordero, extraditado en 2007 a la Argentina desde Brasil y al que lo condenaron a 25 años de cárcel.

“Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran vivos Pinochet o Stroessner estarían en esta causa”, explicó Gastón Chiller, director ejecutivo del CELS, tras la sentencia.

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