Si los jueces opinan en la misma línea, será la primera vez que la Justicia argentina condena penalmente a los responsables políticos de una represión.
Finalmente se conoció la sentencia en el juicio oral y público por la muerte de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Carlos Almirón y las heridas ocasionadas a otras cien personas durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en las inmediaciones de la Casa Rosada.
Fueron 140 audiencias de testimonios, análisis de videos y fotos, escuchas telefónicas y de modulaciones policiales las que se dieron a lo largo de todo el proceso. Más de 300 testigos también aportaron su versión de los hechos.
Entre los 17 acusados se encontraban el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero: para la fiscalía y las querellas que representan a las familias de las víctimas fatales y a algunos heridos son los “responsables de la conducción, coordinación e implementación de aquel operativo”.
También oyeron su sentencia 13 efectivos policiales que también hace quince años hirieron, mataron y encubrieron muertes mientras participaron del operativo represivo.
El fallo de los magistrados se conoció pasadas las 16: Enrique Mathov fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en la represión de diciembre de 2001. Ruben Santos, por otra parte, también fue condenado a 4 años y 9 meses por “homicidio culposo”. El tribunal aclaró que los fundamentos se conocerán públicamente recién el 4 de agosto.
Los ex jefes de policía, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, fueron condenados a 3 años cada uno. Por ser autores materiales del asesinato de Márquez; los efectivos López, Juárez y Firpo Castro fueron condenados a 6 años, 4 años y medio y 3 años de prisión respectivamente.
Estas penas dejan traslucir la idea de que la represión “fue un desborde de la fuerza policial” y no algo ejecutado a instancias de distintos funcionarios políticos de aquel gobierno. El Tribunal Federal Oral N° 6, entonces, no los considera como “autores intelectuales” de las muertes sino que los condena por “negligencia” e “ineptitud” en sus tareas.
A través de un comunicado, la CORREPI ya había criticado la decisión de sobreseer al ex presidente Fernando De la Rúa: “A pesar de los esfuerzos insistentes de las querellas, que consiguieron que, tardíamente, fuera indagado por los homicidios y las tentativas de homicidio cometidos por el aparato de seguridad que como jefe de gobierno dirigía, y aunque fue brevemente procesado, la justicia finalmente decidió premiarlo con un fallo especialmente llamativo por el absurdo que lo constituyó: el hombre fue sobreseído luego de haber declarado que recién supo que hubo muertos al día siguiente, ni supo lo que sucedía en la periferia de la Casa Rosada, porque no se asomó en ningún momento a las ventanas, ni tenía radio ni televisión encendidas”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también hablaron sobre las condenas: “Se condenó a Mathov por dar las órdenes que dieron lugar a las muertes. Es la primera vez que se condena a un funcionario político por reprimir a la protesta social”, señaló el abogado Rodrigo Borda.
