Más allá de los dichos “estridentes”, los gobiernos locales siguen sin tocar los privilegios de la Iglesia Católica: le otorgan terrenos públicos y la financian de punta a punta.
“Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Esto va contra la Historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar”, aseveró Jorge Mario Bergoglio a la revista católica francesa La Croix.
Pese a que el Estado argentino se proclama “laico”, desde su creación nunca dejó de financiar al clero. Hasta en la Constitución, y más allá de sus diversas reformas a lo largo de casi 200 años, todavía se lleva la marca del sostenimiento del “culto católico, apostólico y romano”.
Resulta curioso que ni la “mala” relación entre Mauricio Macri le puso un alto a esta histórica política de entregarle fondos y patrimonios estatales a la Iglesia Católica: a fines del año pasado, y gracias al voto en conjunto del PRO y el Frente Para la Victoria (FPV), el GCBA le cedió más de 30.000 metros cuadrados a la Iglesia Católica.
En vez de ocuparse de la construcción de viviendas sociales o de la urbanización de los barrios y villas, las autoridades porteñas decidieron, en ese entonces, transferir varios inmuebles que pertenecían al Instituto de la Vivienda (IVC).
El panorama a nivel nacional no es muy distinto y cruza a todos los gobiernos: el Eastado argentino le paga el sueldo mensualmente a obispos, curas y seminaristas (estudiantes de curas); ademas de otros aportes para el mantenimiento y el funcionamiento de las iglesias.
El “gran negocio” de la cúpula episcopal es, sin dudas, los aportes estatales que se brindan a las escuelas católicas: se presume que más de la mitad del dinero que destina el Estado para financiar a las escuelas privadas caen en menos de la Iglesia, recaudando sólo en ese concepto miles de millones de pesos al año.
Si el “Papa Francisco” busca efectivamente que los estados sean laicos: ¿por qué no mejor empezar por casa?
