Un organismo que estaba encargado de “fiscalizar” la actividad minera constató que hubo daño ambiental tras el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada.
Un estudio difundido por la UNOPS vuelve a cuestionar, por un lado, el rol de la ciencia y la pretendida “objetividad” de los datos duros que, vale la pena aclararlo, siempre son una construcción; por el otro, la connivencia entre las autoridades, ciertos laboratorios y la empresa responsable del derrame.
“El informe fue realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Lo curioso es que son organismos que en 2014 firmaron un acuerdo con el Gobierno de San Juan por 2.147.346 dólares para fiscalizar la actividad minera. Es decir, que los autores del reporte sobre el derrame son los mismos que estaban encargados de controlar lo que pasaba en Veladero. O sea que no sólo tenían una relación directa con el Ejecutivo sanjuanino, que está siendo investigado por la Justicia Federal, sino que podrían tener algún tipo de responsabilidad en el derrame”, afirmó el periodista Juan Pablo Parrilla en su nota de Infobae.
Más de un millón de litros de solución cianurada y un tendal de mentiras por el camino | ☠ | https://t.co/CYNFKmZ73E pic.twitter.com/1LZG3rYPXP
— Diario BA (@diariodeBA) 8 de abril de 2016
Desde la Asamblea “Jáchal No Se Toca” advirtieron sobre los estrechos vínculos que existen entre la Barrick Gold y ALS CORPLAB, la empresa elegida por la UNOPS para analizar las muestras: el laboratorio ha sido contratado por la minera canadiense en otros proyectos, tiene a ex o actuales funcionarios de la empresa entre sus directivos y hay empleados en común.
#UNOPS RECONOCE QUE HUBO DERRAME, y que hay metales pesados en nuestros cauces.
CIERRE, REMEDIACION Y PROHIBICION #Veladero #SanJuan— Jáchal No Se Toca (@asambleaxjachal) 12 de mayo de 2016
Asimismo, denunciaron que “los análisis que se realizan mes a mes por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) constatan otro tipo de datos” respecto de los que arroja la investigación de la UNOPS: en las mismas zonas en que estos no ven “daño ambiental”, la UNCuyo encuentra que los valores de los metales pesados se sostienen a través de las distintas muestras que han ido tomando en los últimos meses.
“Comprendemos que nunca dirán nada maloya que prestan servicio para el mismo gobierno, que es el que les paga”, aseguraron desde la Asamblea a través de un comunicado. “La presión y el lobby minero son muy fuertes. Tanto en la política como en la Justicia. Donde no vamos a permitir que ninguna corporación minera nos contamine una gota más de nuestra agua. ¡EL AGUA ES DE TODOS! No esperábamos otra cosa de la ONU. Pero es importante que se reconoce que hubo derrame y que hay metales pesados en nuestros cauces”, añadieron.
Más allá de las irregularidades que se encuentran en el informe de la UNOPS y de que el gobierno local se agarra de ello para esgrimir “la contaminación es superflua y carece de importancia”, volvemos a preguntarnos: ¿Por qué las autoridades provinciales, elegidas mediante el voto popular, dedican tanto esfuerzo y le ponen tanto ahínico a la defensa de una empresa trasnacional y contaminante?
