El asesinato de la joven Gisela López, en Entre Ríos, reactivó la visibilidad del reclamo contra los femicidios y la violencia machista.
“Hace un año sabíamos que Chiara Pérez había sido asesinada. La adolescente estaba embarazada. Era de Rufino, Santa Fé. Al mes salimos todos a la calle y gritamos #NiUnaMenos. Ahora, #VolvemosAGritar #NiUnaMenos”, escribieron en las cuentas oficiales del colectivo en las distintas redes sociales.
“El 3 de junio (día de la marcha ‘Ni una menos’) decíamos que la lucha contra los femicidios exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias – nacionales, provinciales, municipales -. Esa respuesta aún no está”, señalaron las organizadoras de la masiva moviliazación del último 3 de junio de 2015 en un comunicado difundido en marzo de 2016.
Por las maltratadas
Por las golpeadas
Por las abusadas sexualmente
Por las amenazadas#VolvemosAGritar #NiUnaMenos— NiUnaMenos (@NiUnaMenos_) 11 de mayo de 2016
La solución tampoco parece haber llegado un par de meses más tarde y el compromiso político es cada vez más endeble: sigue pendiente la reglamentación completa de la “Ley de Protección Integral de las Mujeres”, la cual se comprometieron a votar e implementar casi todas las figuras de los distintos arcos políticos, incluido el presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Para colmo, desde los mismos medios “se siguen reproduciendo opiniones en las que se juzga a la víctima”: se analiza cómo estaba vestida, quiénes eran sus amistades, sus modos de divertirse, si viajaba “sola”, y que hasta se habla de víctimas propiciatorias.
En el plano judicial y de asistencia social tampoco se encuentra garantizado “el acceso de las víctimas a la justicia y hay deficiencias en las líneas telefónicas de ayuda”.
