La especulación inmobiliaria, la presión sobre los más desfavorecidos y las dificultades crecientes para vivir en la Capital Federal se agudizan.
Un recorrido por las últimas “grandes” disputas contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los problemas que estallaron en la opinión pública visibilizan un largo tendido de políticas y proyectos de ley que favorecen a empresarios y manos privadas en detrimento de los espacios públicos.
Amparados en una gran “zona gris” donde conviven lo legal y lo ilegal, las autoridades porteñas conceden permisos precarios para construir y habilitar restaurantes y boliches; intentan rezonificar zonas enteras para conceder negocios inmobiliarios millonarios así como también rematar buena parte del patrimonio público.
Pese a las críticas, avanza en las comisiones la creación de la Agencia de Bienes SE | ?? | https://t.co/bQwxKXNIEg pic.twitter.com/Va0MLIoJRC
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La creación de la Agencia de Bienes S.E. es una de las puntas de lanza del “larretismo” en la Ciudad de Buenos Aires: el proyecto de ley que la contempla avanza en las comisiones legislativas entre fuertes críticas y denuncias.
Su creación fue votada por el macrismo y el kirchnerismo en diciembre de 2015, y esta nueva agencia “se adjudica el derecho de vender todos los terrenos y edificios de dominio público de la Ciudad ubicados al norte de la Avenida San Juan” en tanto y en canto el gobierno porteño “lo considere innecesario para su gestión”.
Las consecuencias de esto son graves: sólo el Poder Ejecutivo tiene la potestad de decidir qué inmuebles “sirven” y cuáles no, desafectarlos del dominio público, quitarlos del patrimonio de la ciudad y vendérselos a empresarios para que hagan negocios privados.
“La privatización de tierras públicas, a través de su concesión o su venta, no sólo implica que algo que es de toda la sociedad pasa a ser explotado o utilizado por una parte de ella o uno de sus integrantes. También significa que el destino y el uso de dicho bien común tendrá como norte intereses individuales y no colectivos. Y que principalmente estos intereses individuales serán puramente económicos. Es decir, constituye un avance de la mercantilización de la Ciudad”, advirtieron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El ataque registrado en los últimos días en una reunión de vecinos y organizaciones sociales de la “Comuna 4” ante la inminente venta de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors también pusieron en el tapete las distintas lógicas que entrecruzan y tensionan el panorama político, social y económico del entramado porteño.
El diputado Gustavo Vera, perteneciente al espacio “Bien Común”, señaló: “El meollo de la cuestión es la inconstitucionalidad de la venta de las tierras, porque esta acción viola los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad”.
Los terrenos de Casa Amarilla estaban destinados a un uso social: están en manos privadas ??https://t.co/fh7nizW9kF pic.twitter.com/CwHIq2KcPa
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La historia entre Boca, el PRO y los terrenos de Casa Amarilla viene de larga data: ya hacia fines del 2014, la postura del Gobierno de la Ciudad quedó explicitada cuando de las 1200 viviendas que debía construir el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) sólo se levantaron un tercio.
La administración porteña construyó alrededor de 438 – porque la Justicia lo obligó mediante un fallo – y el resto del predio público quedó disponible. La intención del macrismo era – rezonificar la zona para vendérselo al club “xeneize”: según el decreto 723/10, esas tierras debían ser destinadas “exclusivamente al desarrollo de la función pública (educacional, de seguridad o de salud)”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo porteño se hizo de la titularidad de las propiedades tras quitárselas al IVC para cedérselas poco tiempo después a la Corporación Buenos Aires Sur SE. Boca Juniors ganó luego la licitación para la compra de los terrenos y en marzo de 2016 la CD aprobó el pago.
Muerte en la “Time Warp”: “El hecho es grave y tiene semejanzas llamativas con Cromañón” | https://t.co/B6Vw568h9T pic.twitter.com/TOlvTKqgY8
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La venta de drogas, la zona liberada, la responsabilidad de empresarios y la complicidad con las autoridades policiales en la fiesta electrónica “Time Warp” de Costa Salguero donde murieron cinco jóvenes terminó por tapar lo “flojo de papeles” en que se encontraba el predio donde se desarrolló el evento y quienes estaban detrás de su concesión.
El predio de Costa Salguero donde se realizó la “Time Warp” es propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y está cedido a Telemetrix S. A. por licitación. “La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas; además, el Gobierno de la Ciudad se negó en reiterados oportunidades a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias”, aseveró Enrique Viale.
Los beneficios inmobiliarios tienen, en este caso, el mismo apellido de los dos lados del mostrador: Telematrix S.A. comparte varios nombres en las nómicas del directorio con el de Costa Salguero S.A, empresa que administra los pabellones del complejo. Uno de ellos es Fernando Polledo Olivera es uno de ellos y su vínculo con la política es claro: es el marido de Carmen Polledo, actual vicepresidenta primera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO.
“Distrito Joven”: el GCBA quiere cambiar espacios verdes por boliches y restaurantes ? vs. ?https://t.co/CzK47fTS6M pic.twitter.com/ekaiJYrk6B
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El escándalo por lo sucedido esa noche rescató de la invisibilidad algunos de los planes del gobierno porteño para “legalizar” toda una serie de espacios y corredores que, pese a que cuentan con restaurantes y boliches de renombre asentados, tienen permisos precarios y contravienen numerosas normas constitucionales.
El proyecto de ley “Distrito Joven” fue aprobado en diciembre del 2015: contempla el cambio de tipificación de la traza que va de Aeroparque a la Ciudad Universitaria (destinada por ley a espacios verdes y parques) para autorizar la concesión de los predios que se encuentran en medio por diez años. La idea es sumar también unas 500 hectáreas, que abarcarán desde el Club de Pescadores hacia el norte.
“Estas explotaciones comerciales son ilegales porque no respetan el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad. El ‘Distrito Joven’ viene a ser una especie de amnistía para sellar todos estos años de tolerancia y connivencia por parte del Poder Ejecutivo. Se perderían aproximadamente cinco hectáreas de tierras destinadas a parques sin establecer ningún tipo de compensación ambiental”, sentenció Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en diálogo con Diario “Z”.
El último de esta serie de “atropellos” de la lógica privada sobre lo público y los espacios comunes es el cierre del “Polideportivo Colegiales” para que se realice la “Feria Masticar” entre el 5 y 8 de mayo.
Hace algunas semanas atrás, y a través de un documento, las autoridades porteñas notificaron a los responsables del lugar que se usaría el predio para albergar el evento gastronómico – privado y por el que se paga una entrada – por lo que tenía que permanecer cerrado desde el 25 de abril al 11 de mayo.
Los vecinos “mastican” la bronca: cierra el “Polideportivo Colegiales” por tres semanas | ? https://t.co/95YZ5DCiTF pic.twitter.com/cTd9pxVLRv
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Algunos “defensores” esgrimieron que, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los empresarios que llevan adelante la feria, realizarán “mejoras” en el Polideportivo post-“Masticar”. Pese a ello, hasta el momento no hay nada firmado por ninguna de las partes: se trata solo de promesas no oficiales que, como suele suceder, no extrañaría que se desvanezcan en el aire.
El saldo del asunto es claramente perjudicial para quienes concurren con frecuencia a realizar actividades culturales y deportivas: por casi menos de un mes deberán quedarse en sus casas o adaptar su rutina diaria a otros espacios.
