La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó adelante una audiencia por las políticas de comunicación audiovisuales en la Argentina.
En la audiencia se expusieron los argumentos de las organizaciones sociales y expertos a la hora de denunciar y explicar las regresiones sufridas tras la creación del ENACOM a partir de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Mauricio Macri.
“Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo”, señaló la CIDH en un comunicado.
Comunicado CIDH. El gobierno argentino, condicionado a corregir regresiones en derecho a la libertad de expresión https://t.co/emnLt7QFvW
— Martin Becerra (@aracalacana) 15 de abril de 2016
“Con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”, señaló Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta (…) el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada”, añadió.
“La Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración (…) La Argentina exhibe altos niveles de concentración: casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración”, aseguró, por su parte, el especialista en comunicación Martín Becerra.
“Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”, remató Néstor Busso, representante de radios comunitarias, populares e indígenas.
Fuente: Quipu
