La ex presidenta presentó un pedido de recusación para el juez Claudio Bonadio y aseveró que el funcionario judicial cometió un “prevaricato”.
En su descargo judicial presentado en Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó su llamado a declaración: “Mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal. La resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos. Así quedará acreditado en la esfera judicial competente”.
Según explico el abogado Bernardo Béccar Varela a distintos medios, la figura de prevaticato “contempla que un juez dicte una resolución sabiendo que es errónea”.
“En palabras más sencillas, es como si el magistrado hiciera suya la causa. Es un delito contra la administración pública. La denuncia se puede realizar, pero es muy difícil probar el dolo. Es decir: es complicado demostrar que el juez tomó una decisión equivocada a sabiendas de lo que estaba haciendo. Es más una advertencia de cara a cómo pueda avanzar la causa”, aseveró.
El artículo 269 del Código Penal Argentino prevé como pena desde multas (de tres mil hasta cinco mil pesos) hasta la inhabilitación perpetua para poder ejercer su cargo. También contempla reclusión y hasta prisión de tres a quince años.
