A medida que pasan los meses del último derrame en la mina Veladero, los habitantes de Jáchal solo pueden estar seguros de algo: no pueden creer ni confiar en nadie.
El 13 de septiembre de 2015, la minera canadiense ocultó deliberadamente el derrame de cianuro: la población cercana a la zona de explotación se enteró a través de mensajes de Whatsapp y Facebook.
Luego de días de versiones cruzadas y desinformación, la Barrick Gold salió a responder con un comunicado donde afirmaban que la solución cianurada vertida alcanzaba los 15.000 litros y que “no había posibilidad de contaminación alguna”. En otro informe paralelo, le reconocieron al gobierno sanjuanino que se habían derramado “224 metros cúbicos (equivale a 224 mil litros) de solución cianurada” durante 1 hora y 45 minutos.
Los vecinos y organizaciones ambientales ya venían advirtiendo sobre la complicidad entre la empresa y las autoridades gubernamentales. En cada marcha y movilización a la intendencia, los pobladores de Jáchal y otras localidades reiteraraban su desconfianza hacia las versiones oficiales.
Once días después del derrame, se produjo la confirmación de que el desastre ambiental era gigantesco: la multinacional reconoció que el derrame era de aproximadamente un millón de litros de solución cianurada.
Sin embargo, esto no bastó para que se tomen rápidas medidas contra la empresa: uno de los primeros en salir a defender a la minera fue el por entonces gobernador provincial, José Luis Gioja: “No hay ninguna posibilidad de que se genere una contaminación. Fue una contingencia que está totalmente controlada”, afirmó sin tapujos el funcionario. Párrafo aparte para el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien dijo muy suelto que se podía “tomar medio vaso de agua con cianuro” ya que estaba “muy diluido”.
Algunos días más tarde, y en medio de los pedidos de informes y denuncias penales a los responsables, la justicia civil y penal de San Juan dispuso la suspensión de actividades que utilicen cianuro en la mina Veladero. “Hasta que esas condiciones no se acrediten esta medida cautelar va a continuar”, advirtió el juez local, Pablo Oritja. De modo increíble, y tan sólo 24 horas después, el mismo magistrado decidió habilitar a la empresa a volver a operar con cianuro.
Las alarmas se encienderon otra vez en enero de 2016: un niño de Jáchal se sometió a un examen de sangre y le encontraron altas dosis de mercurio y arsénico. En febrero, un informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) ratificó que la contaminación era más grave de lo que se prevía: “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación”.
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A principios de marzo, Pablo Oritja, procesó a nueve ejecutivos de la minera canadiense por el derrame: Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General). Sin embargo, en la misma medida el juez trató de desestimar varios informes para limitar el daño a la provincia de San Juan y dejar afuera de la investigación a los funcionarios locales y nacionales.
También tuvieron que pasar varios meses para que se conociera, a través de la Dirección de Residuos Peligrosos de San Juan que la minera canadiense vertió cianuro dos veces en 2011 y una en 2012: de esta manera, se pudo corroborar que el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas del 2015 no fue el único protagonizado por la minera canadiense desde su instalación.
Como si esto fuera poco, luego se filtró un informe en donde se afirma que el derrame de solución cianurada fue mucho mayor de lo que reconocieron la empresa y el gobierno: más de un millón de litros.
Según la nota de Juan Pablo Parrilla en Infobae, los datos se encuentran en el borrador de una “lapidaria evaluación” encargada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental: este reporte fue ocultado por la minera y por las autoridades. Incluso, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo presentó en la Justicia pero “sin las partes más contundentes”.
¿Qué demuestra este estudio? Que la Barrick Gold “deliberadamente brindó datos que tenía sobre el probable vertido de metales pesados y manipuló las mediciones de cianuro”.
El desastre ambiental tiene sus propios responsables y sus respectivos encubrimientos en un entramado que implica distintas esferas, ya sean públicas como privadas. Tal cual denunciaron en reiteradas oportunidades los vecinos de Jáchal y organizaciones sociales y medioambientales, la connivencia entre las autoridades gubernamentales y la explotación minera es de larga data y los resultados de esta simbiosis quedaron, al menos esta vez, a la vista.
