Acorralado por un juez federal, el ex presidente aceptó el cargo de la Jefatura de la Casa Civil para evitar la prisión preventiva. Protestas en Brasil y pedido de impeachment de la oposición.
Lula Da Silva sabía que el juez federal de Curitiba, Sérgio Moro, iba a pedir su prisión preventiva en los próximos días por el escándalo de corrupción ligado a Petrobras por el que había declarado semanas atrás.
La apuesta política que hizo junto a Dilma Rousseff fue, sin duda, osada: al aceptar el cargo de la Jefatura de la Casa Civil – en la Argentina la figura más parecida sería la de Jefe de Gabinete – obtuvo los fueros que necesitaba para ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal.
Esto conlleva dos problemas que están íntimamente relacionados: primero, que el líder del PT tendrá esta suerte de “inmunidad” en tanto y en cuanto Dilma Rousseff se mantenga como presidenta; segundo, la movida del juez Moro de difundir escuchas telefónicas entre la actual mandataria y el ex presidente – donde Lula Da Silva habla de “intentar llegar” a magistrados de la Suprema Corte – ahondó la crisis política y social brasileña, con miles de ciudadanos en las calles y protestas en las principales ciudades.
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— teleSUR TV (@teleSURtv) 17 de marzo de 2016
Al calor del “impeachment”, la coalición gubernamental que mantiene a la presidenta en el poder sigue resquebrajándose: el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) está pensando la manera en que hará su salida de la alianza si las cosas continúan así mientras que los partidos menores ya anunciaron su retirada.
Para colmo, un nuevo capítulo se sumó a la historia mientras Lula Da Silva prestaba juramento a su cargo: un juez decidió dar lugar a una medida cautelar que suspende la designación del ex presidente al considerar que su asunción “pone en riesgo” a la investigación judicial en su contra.
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— Bruno Bimbi (@bbimbi) 17 de marzo de 2016
Poco menos de 24 horas después, el Tribunal Federal Regional de Brasilia anuló la medida cautelar al argumentar “falta de imparcialidad” por parte del juez Itagiba Catta Preta Neto.
Vale la pena recordar que tanto políticos y jueces opositores como ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula. Pese a ello, el gobierno brasileño anunció que va a recurrir todas ellas.
El traslado de la causa al Supremo Tribunal Federal le da algo más de tiempo jurídico a Lula Da Silva pero, junto a Rousseff, se encuentran cada vez más jaqueados por la crisis política y las críticas de la oposición. La pregunta, por estas horas, es si ambos lograran aguantar en Planalto y revertir la situación: el panorama no es nada fácil, con la imagen de la presidenta por el piso, una crisis económica rampante que erosiona el apoyo de sus propias bases y el máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) acusado de corrupción.
