En medio de la polémica por los dichos de la titular de la Oficina Anticorrupción, la Justicia ordenó que se haga público el acuerdo entre YPF y Chevron.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Cristina Carrión de Lorenzo, ordenó que en cinco días se haga público el contrato completo – con las cláusulas secretas incluidas – entre las petroleras. El ex senador nacional socialista Rubén Giustiniani, quien había presentado un amparo para conocer el contenido del acuerdo, se lo confirmó al diario Infobae.
Ya en un fallo del 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había instado a la petrolera a que dé a conocer la totalidad de lo firmado: “Este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y -considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.
En febrero de este año, YPF entregó una copia del acuerdo pero con tachaduras en las cláusulas confidenciales alegando que su conocimiento público dañaría seriamente a la empresa y sus compromisos.
La semana pasada, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión luego de haber criticado la confidencialidad del acuerdo durante meses: “Revelarlas sería como pedirle a Coca-Cola que haga pública su fórmula. El daño irreparable que le puede generar a YPF, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, podría ser grave”.
Desde la firma del acuerdo en 2013, y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
