El juez de la Segunda Circunscripción judicial, Pablo Oritja, procesó a nueve ejecutivos de la minera canadiense por el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada.
Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General) fueron los empleados jerárquicos que quedaron procesados en el caso.
Según la investigación judicial, todos ellos ocupaban un rol clave en el control del yacimiento acuífero del departamento provincial de Iglesia: “Quedaron imputados penalmente por haber causado una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo por imprudencia o negligencia; o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”, advirtieron desde el juzgado sanjuanino. El magistrado Oritja ordenó también en su fallo embargar a los acusados por un monto de 100 mil pesos.
Jachal y sus ríos contaminados con cianuro: el informe oficial de la Policía Federal > https://t.co/XlroaT5xTo pic.twitter.com/ipn1TiaG7c
— lavaca tuitera (@Lavacatuitera) febrero 29, 2016
Hace algunas semanas atrás, un peritaje oficial detectó cianuro en cinco ríos de la Provincia de San Juan: “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación”.
Los investigadores hallaron “una excesiva concentración” de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria, lo que demuestra que, más allá de las excusas de la empresa y las autoridades gubernamentales que la secundan, el impacto en la vida de los habitantes es alto y las consecuencias del derrame tóxico todavía no se han visto en su dimensión.
La confirmación de estos resultados no es un hecho menor teniendo en cuenta que tanto la Barrick Gold como los funcionarios públicos desmintieron desde el primer momento cualquier tipo de contaminación poniendo en peligro – a través de mentiras y evasivas – a los habitantes de Jáchal y los pueblos cercanos.
