Resolvió que la justicia catamarqueña no podrá rechazar el recurso de amparo presentado por los vecinos de Andalgalá sobre el impacto ambiental negativo del emprendimiento.

Andalgalá II

La situación no es fácil para aquellos vecinos, miembros de organizaciones sociales y ambientales que intentan frenar mega proyectos mineros en que tanto funcionarios estatales como partes privadas están ávidos de dinero.

El caso de los habitantes de Andalgalá y el emprendimiento “Agua Rica” es, tal vez, uno de los máximos exponentes de ello: ya en 2010 habían presentado un recurso de amparo ambiental para exigir que la Yamana Gold Inc detenga la construcción en los nevados del Aconquija.

El acceso al agua y el evitar su contaminación fue siempre el núcleo central de su reclamo: “Queremos que se cumpla el derecho a vivir en un ambiente sano, el que incluye el acceso al agua como un derecho humano fundamental, nuestros glaciares y ambientes periglaciares que también están en peligro y que son los que dan nacimiento a nuestros ríos.”, afirmaban en un comunicado los vecinos.

La justicia catamarqueña hizo caso omiso, no sólo de la opinión de los vecinos sino también de las mismas leyes por las cuales dicen velar: desestimó el amparo ambiental contradiciendo lo establecido en la “Ley General del Ambiente”, no se fijó en los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que advertían sobre los riesgos de contaminación de “Agua Rica” ni llamó a una audiencia pública para tratar el problema.

Andalgalá

Finalmente, tras miles de idas y vueltas, la Corte Suprema de justicia resolvió que se retome el pedido de los vecinos: en este sentido, remarcaron en el fallo que la aprobación condicional del proyecto minero por parte de las autoridades provinciales puede producir un daño grave al medio ambiente y la importancia de los estudios de impacto ambiental que deben ser requisitos indispensables para llevar un emprendimiento de esa magnitud.

Los vecinos de Andalgalá fueron reprimidos brutalmente hace seis años atrás cuando cortaban el acceso al complejo “Bajo La Alumbrera”, perseguidos y atacados por el lobby minero; debieron realizar decenas de acampes, marchas y presentaciones judiciales para lograr algo básico: que se respeten sus derechos.

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