El gobierno decidió que los militares presos por crímenes y delitos de lesa humanidad pueden atenderse en los hospitales de las fuerzas.
En 2013, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, dos militares condenados por delitos de lesa humanidad, se fugaron mientras estaban siendo atendidos por derivación judicial en el Hospital Militar Central.
Luego de los hechos, el ahora ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, aprobó una resolución por la cual se prohibía el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de los represores que se encontraran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
Sin demasiadas justificaciones ni tomando en consideración las advertencias hechas por los organismos de derechos humanos, el gobierno de Mauricio Macri decidió dar marcha atrás con la medida.
Julio Martínez, nuevo encargado del Ministerio de Defensa, modificó sin más la resolución N° 85 del 26 de julio de 2013 alegando que se debe a “la falta de equipamiento y personal especializado en las cárceles”.
Para dar cuenta del tenor real de la medida y las dudas que pesan sobre su legitimidad, vale la pena resaltar una curiosidad: el expediente no pasó ni siquiera por la consideración de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del propio ministerio
