Esta ley le da más poderes a los militares, gendarmería y el resto de las fuerzas públicas. Desde el oficialismo, argumentan que se vive constantemente en una “situación de peligro colectivo”.
Tal como lo había propuesto en la campaña, el en ese entonces Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro (Actualmente embajador en la República Oriental del Uruguay), el gobierno Nacional, presidido por Mauricio Macri, a través de un decreto de necesidad y urgencia, promovió una nueva ley de Emergencia de Seguridad Nacional.
Con esta emergencia, se busca aumentar el control en los puestos de fronteras, las vías fluviales y por sobre todo en el espacio aéreo. De esta forma, el gobierno tiene la potestad de declarar “hostiles” a aquellas embarcaciones que no se identifiquen o se considera que ponen en riesgo la seguridad en el territorio nacional.
A raíz de esta “ley de emergencia”, surgen algunas claves y varios puntos de conflicto, brotan preguntas, dudas, incertidumbres y perplejidades.
Entre algunas de las claves que se supone, ayudarán a la seguridad, se dejan a cargo a los Ministerios de Seguridad, Defensa y de Transporte, y son las de reforzar los mecanismos de seguridad de la Nación. Se crea tambiñen, el Gabinete de Seguridad Humana y se autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar a personal retirado de las fuerzas, siempre y cuando no posean ningún tipo de antecedentes, y no hayan pasado a retiro por causas disciplinarias, entre otros requisitos.
Según se difundió, este decreto especifica delitos tales como, “Producción, tráfico y comercialización de estupefacientes”, “Contrabando de armas y de estupefacientes”, y los “relacionados con una asociación ilícita calificada o asociación ilícita terrorista”.
Resumiendo y pasando en limpio, ante la suposición de las fuerzas de seguridad que un navío no identificado, podría llegar a estar realizando alguna de las actividades en el párrafo anterior mencionadas, se podrá abrir fuego a discreción sin pedir autorización de ningún tipo al gobierno nacional.
Este nuevo decreto ya genera polémica, porque llegado el peor de los casos, ante la mera sospecha, las fuerzas estarían autorizadas para el derribo de naves, situación que muchos entienden como una pena de muerte sin juicio justo.
