Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta se fugaron de la Unidad Penal n°30 de General Alvear. En medio de los conflictos entre las fuerzas de seguridad y los políticos, no hay pistas fiables que conduzcan a los prófugos.
Más allá de las declaraciones mediáticas esgrimidas por políticos y funcionarios gubernamentales, hasta el momento poco se ha hecho para investigar fehacientemente la complicidad policial y penitenciaria en la fuga de los responsables del “triple crimen de la efedrina”.
Por el escape de los Lanatta y Schillachi no hay nadie detenido y, pese a las acusaciones en torno a la complicidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el gobierno aún no concretó ninguna denuncia penal.
El mismo Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resaltó los “altísimos niveles de violencia, degradación y corrupción” del SPB y pidió expresamente una investigación seria y una reforma estructural. Sin embargo, nada se ha avanzado en esa dirección y el cada vez más prolongado silencio de las partes parece ir difuminando esta posibilidad.
Para colmo, la liberación de Marcelo Mallo, ex cabecilla del engendro Hinchadas Unidas Argentinas, le dio otro golpe de gracia a la investigación: las pistas se desvanecen y los vínculos que parecían conducir a los prófugos se vuelven cada vez más endebles.
Las últimas versiones policiales desconfían ya, incluso, de que los protagonistas del tiroteo con la policía en Ranchos sean ellos: la agente herida no pudo reconocerlos. Los dos detenidos por colaborar con los tres condenados – una mujer y Marcelo Melnyk, quien está acusado de haberles entregado dinero y armas – tampoco fueron, hasta el momento, la llave para encontrarlos.
Las constantes apelaciones a la “lucha contra el narcotráfico” del macrismo y los desplazamientos y las luchas internas en las fuerzas de seguridad no parecen avanzar hacia una democratización de la policía. Tampoco la fuga parece haber habilitado un cierto consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema penitenciario, modificar las paupérrimas condiciones en que las personas privadas de su libertad viven allí, ni en torno a su seguridad o el respeto de sus derechos básicos.
Por lo visto, la discusión central pasa ahora solamente por tratar de dilucidar si efectivamente los encontrarán y, en caso de que suceda, quién lo hará y si los dejarán “vivos o muertos”: la lógica mediática tapa, una vez más, el bosque.
