El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó el accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la fuga de los responsables del “triple crimen de la efedrina”.
“Su liberación solo pudo suceder con la complicidad del SPB, sistema que hace años muestra altísimos niveles de violencia, degradación y corrupción. Todavía no se sabe cuán alto en la cadena de mando política y penitenciaria llega esta participación”, advirtieron desde el organismo que preside Horacio Verbitsky.
“Es central, para la legitimidad de las medidas anunciadas, que se avance en una investigación seria y profunda de la fuga, se esclarezcan las complicidades y se detenga a los prófugos con vida”, señalaron.
Sobre la fuga de detenidos, el proyecto de emergencia penitenciaria y la “guerra contra el narcotráfico” https://t.co/wc74DegnEg
— CELS (@CELS_Argentina) diciembre 29, 2015
“Cuando es el poder ejecutivo provincial el que afirma que se trata de una mafia enquistada en el Estado, es fundamental que las agencias de investigación y el sistema de justicia determinen quiénes son y hasta dónde llegan sus vínculos”, agregaron. “Vidal se enfocó en el cuadro institucional del sistema penitenciario y afirmó querer romper las estructuras mafiosas que están enquistadas. Como han demostrado crisis anteriores, las declaraciones de emergencia no han resuelto por sí mismas estos problemas”.
“El sistema penitenciario provincial debe ser reformado de manera estructural, y no solo con la justificación de la seguridad sino, sobre todo, para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. La situación del SPB viene siendo denunciada desde hace años por un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el CELS. La sobrepoblación, el hacinamiento, las pésimas condiciones sanitarias, la persistencia de la tortura y la lógica extorsiva y corrupta son problemas graves y estructurales que, sin duda, requieren una intervención urgente de Estado”.
“Por otra parte, la fuga de Martín y Cristián Lanatta y de Víctor Schillac está siendo encuadrada por la gobernadora de la provincia, por otros actores políticos y por muchos medios de comunicación, como un suceso más de ‘la guerra contra el narcotráfico’. Esta perspectiva es muy problemática. Mientras se continúa aplicando el paradigma prohibicionista que tiene como objetivo erradicar por completo la producción, el tráfico y el consumo de sustancias declaradas ilícitas, se hace cada vez más evidente que uno de los principales efectos de la prohibición y el “combate” es la penetración de las redes delictivas en las estructuras estatales – políticas, de seguridad y judiciales- porque así funcionan estos mercados ilícitos”.
“Este episodio debería ser una alerta para que el sistema político reflexione sobre la necesidad de contar con diagnósticos claros de la dimensión de los problemas relacionados con el narcotráfico que den lugar a políticas que tengan por objetivo mitigar eficazmente los daños que ocasiona”.
