Empleados de “Rasic Hermanos” mantenían un corte en la autopista que conduce hacia el Aeropuerto de Ezeiza. La Gendarmería los desalojó con palos y balas de goma. Hay heridos.
En medio de las críticas gubernamentales y el pedido del cese de los “piquetes”, los trabajadores de Cresta Roja decidieron continuar con el corte a la altura del Aeropuerto de Ezeiza y dejando libre sólo dos carriles.
Pasadas las nueve de la mañana, una formación de la Gendarmería decidió avanzar sobre la posición de los manifestantes y, con escudos y palos, los echó de la calzada.
Violento desalojo de Gendarmería a empleados de Cresta Roja https://t.co/uzw5lnQdRK vía @YouTube
— Andres Figueroa (@afigueroafg) diciembre 22, 2015
Luego de unos momentos iniciales de tensa calma, los efectivos de las fuerzas de seguridad comenzaron a golpear a la primera línea de manifestantes mientras recibían una lluvia de objetos contundentes.
“Parece que ser obrero es un pecado. Somos unos tristes laburantes. Estos muchachos son operarios. Hicieron fortunas y se llevaron la plata”, aseguró uno de los trabajadores luego del desalojo.
Pasadas las dos de la tarde se produjeron enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre manifestantes y gendarmes previo a la represión desatada por las fuerzas de seguridad a balazos de goma.
“Veníamos con la información de que a las 19 nos recibía el ministro de Trabajo Jorge Triaca pero cuando veníamos a comunicar eso un gendarme agredió a un compañero. Le pegó una piña de atrás y ahí se generó el conflicto. Están provocando, escupiendo y generando conflicto. Están con ganas de cagarnos a palos desde el día miércoles”, relató Christian Villalba, uno de los delegados.
En esta misma línea, Villalba “agradeció” el apoyo de distintas organizaciones sociales y políticas pero pidió que se retiren del lugar para que no se produzcan más choques: “Se había conseguido la liberación del compañero y estábamos negociando porque se nos había pedido la liberación del predio”.
“No alcancé a comunicar en asamblea lo que había sucedido que lamentablemente se infiltró gente que provoco este desmán. Nosotros no somos así. Las negociaciones y los marcos de diálogo se están dando. Tomaron un compromiso pero hay gente infiltrada de partidos políticos que no tienen nada que ver con el trabajador de Rasic”, sentenció.
360 TV- [Conflicto en Cresta Roja] Gendarmería reprimió con balas de goma https://t.co/AV4TW3LCM7
— 360 TV (@360tvdigital) diciembre 22, 2015
“Hay 5.000 trabajadores de Cresta Roja con dos quincenas sin cobrar, ignorados por dos gobiernos: el que se fue y el que llegó”, aseguró el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola, a través de las redes sociales.
Por su parte, el actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló: “La empresa debe ahora establecer un plan de acción o deberá dar lugar a que la jueza determine”.
- ¿Cuál es el conflicto que subyace al reclamo de los trabajadores de Cresta Roja?
Luego de ser la segunda empresa avícola en importancia del país, Rasic Hermanos comenzó a acumular deudas y, en 2014, presentó a convocatoria de acreedores. Ese mismo año se emitieron cheques sin fondos por alrededor de 43 millones de pesos.
Debido al vaciamiento por parte de sus dueños y a los conflictos gremiales desatados por el despido de más de mil trabajadores, desde el 11 de septiembre del 2015 la compañía quedó a cargo de un interventor avalado por la Justicia. Sin embargo, desde noviembre, el gobierno provincial de Daniel Scioli dejó de girar los fondos correspondientes.
Los empleados exigen ahora el pago de sueldos adeudados y un auxilio económico para salvar la empresa: de concretarse esto último se evitaría la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo y otros 2.500 empleos indirectos.
“Estamos pidiendo la continuidad de la actividad. Hace casi dos meses que no trabajamos porque la ayuda del Gobierno se cortó. Dentro de la planta no hay pollos, no hay cajas, por lo cual no haya trabajo”, aseveró Javier Blanco, uno de los integrantes de la Comisión Interna de la empresa, respecto del conflicto.
“Estamos en el marco de un acuerdo con el Gobierno pero no lo cumplieron y durante los dos meses de intervención le hizo perder a la empresa $300 millones de pesos más”, añadió el delegado Simón Abaca.
