Los atentados del último viernes en París volvieron a poner en cuestión los límites y la naturaleza de las políticas de seguridad francesas.
El filósofo italiano Giorgio Agamben pensó la figura del “estado de excepción” como paradigma de gobierno de los Estados modernos. Confirmando esto, y como primer medida luego de los ataques terroristas, el presidente Francois Hollande pidió imponer el “estado emergencia” en todo el país, lo que no sucedía desde la guerra contra Algeria en 1961.
A partir de ello, el gobierno francés tiene la potestad de imponer el toque de queda, limitar el movimiento de las personas, prohibir el aglomeramiento y la reunión de la población en ciertos lugares, monitorear a la gente en zonas seguras, cerrar espacios públicos (teatros, bares, museos, etc) e imponer controles a la prensa.
Uno de los primeros efectos fue la “detención domiciliaria” y “provisoria” – sin pruebas concretas – de 104 individuos por ser “objeto de una particular atención de los servicios de inteligencia”.
Como la medida sólo dura doce días antes de ser sometida a consideración parlamentaria, el presidente Hollande pidió a los legisladores prolongar el “estado de emergencia” por tres meses, solicitando también una reforma constitucional para combatir el “terrorismo de guerra”.
