En medio de acusaciones cruzadas entre Vidal, Scioli, Menéndez y Othacehé; cientos de efectivos policiales rodean los terrenos tomados en la localidad bonaerense de Merlo.
Desde el 20 de octubre – y según algunos testimonios instigada por punteros políticos zonales – cientos de familias (entre 550 y 600 aproximadamente) decidieron ocupar un predio de 60 hectáreas en la localidad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires.
Además, comenzaron a instalarse y a construir en la misma zona donde se están erigiendo 340 viviendas sociales correspondientes a un plan federal.
Pasdas las 14 horas del martes, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires decidió enviar a 300 efectivos de Infantería para desalojar el predio.
La Justicia local exigió que no se dejen entrar más materiales de construcción para que no puedan seguir instalándose en el predio pero aún no dictó la orden de desalojo: el ministro Granados señaló que en cuanto tenga la orden procedería a la expulsión de las familias que allí se encuentran.
- Las acusaciones cruzadas:
“Es el síntoma de un final de ciclo. Algunos creen que de esta manera pueden obstaculizar lo que se viene”, señaló María Eugenia Vidal, gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires por “Cambiemos”.
Por su parte, Daniel Scioli ratificó que está “en contra de las tomas ilegales” pero que se tomarán su tiempo para “analizar profundamente si es una cuestión política o hay una necesidad habitacional”.
En una interna dentro de la misma localidad, el intendente electo de Merlo, Gustavo Menéndez, acusó a Raúl Othacehé de estar detrás de los hechos y aseguró que le deja “una bomba de tiempo”.
Mientras tanto, el actual intendente responsabilizó a Menéndez por la toma y afirmó que está vinculado “a las drogas y a la delincuencia”.
- El gobierno provincial decidió censar a los ocupantes:
Tras una reunión con el intendente saliente, Raúl Othacehé, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio confirmó que decidieron censar a las familias que ocupan los terrenos.
“Las viviendas en construcción deben ser desalojadas y quienes acampan tienen que tener un censo social, que vamos a llevar adelante mañana, lo que nos permitirá un principio de una solución definitiva ante la retirada de los ocupantes”, aseveró.
