En un informe presentado ante la Justicia por la firma SGS se advierte la presencia de “cianuro y mercurio en altas proporciones”. La Barrick Gold y funcionarios públicos desmintieron desde el primer momento cualquier tipo de contaminación.
Pese a que la minera canadiense públicamente aseveró que no se produjo “daño ambiental” tras el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada, los informes presentados por la firma SGS lo desmienten.
Los análisis de laboratorio arrojaron que, aguas arriba del dique Cuesta del Viente, se detectaron “desde el 13 de septiembre la presencia de cianuro y mercurio en concretaron altas y que evidentemente fueron consecuencia del derrame ocasionado en la explotación minera”.
Según la firma, los resultados revelaron que hay aproximadamente “64 partes por millón (ppm) de cianuro en el río Potrerillos y 9 ppm en el río Las Taguas”, es decir, muy por encima de las 0,10 ppm de cianuro que el artículo 982 del Código Alimentario establece como valores máximos para el agua potable.
“Estos aportes hechos por la propia demanda acreditan fehacientemente la contaminación que la actividad de la empresa ha producido”, señaló el juez Oritja en la causa que investiga la responsabilidad de la minera. “Se vulneró el deber de preservación del patrimonio natural. El derrame pone en riesgo real e inminente el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”.
Uno de los primeros en salir a defender a la Barrick Gold fue el mismo gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien, sin contar con ningún tipo de estudio ambiental, rechazó de plano la posibilidad de que haya contaminación. En la misma línea corren los dichos de Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan, quien, a mediados de septiembre, afirmó: “Podés tomar medio vaso de agua con cianuro que no te va a hacer nada”.
El mayor desastre ambiental de la historia argentina tiene sus propios responsables y sus respectivos encubrimientos. Tal cual denunciaron los vecinos de Jáchal y organizaciones sociales y medioambientales, la connivencia entre las autoridades gubernamentales y la explotación minera es total.
Fuentes: www.noalamina.org | InfoBae
