“Hay más de 20 personas detenidas y mujeres que han sido maltratadas. Una mujer está internada con un traumatismo de cráneo”, asveró Domingo Jofré, uno de los representantes vecinales. “Estamos cansados de la burocracia y las mentiras, el silencio y la manipulación política de la empresa y el gobierno”, agregó.
El mismo juez que ordenó el desalojo, Pablo Oritja, es el encargado de llevar adelante las investigaciones contra la Barrick Gold por el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en las aguas del curso de un río zonal.
La connivencia entre la Barrick Gold y las autoridades estatales volvió a hacerse patente: horas antes de la represión policial, los manifestantes y vecinos denunciaron que “una patota de Barrick Gold” y un grupo de camionetas que pertenecen a la Cámara de Prestaciones Mineras de Iglesía impedía el acceso a la zona del piquete a otras personas.
