El 17 de octubre de 2014 se encontró el cuerpo de Luciano Arruga, quien estaba desaparecido desde hacía más de cinco años tras haber sido detenido ilegalmente por la policía bonaerense.
A través de las redes sociales, los familiares y amigos de Luciano Arruga echaron luz sobre el entramado policial, burocrático, judicial y político que terminó con la muerte y desaparición del joven:
“Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, araña las chances de ascender a algún lastimoso cargo a pesar – y gracias a – su nefasta gestión. Espinoza debería responder por qué abrió un destacamento en una casa sin ejercer siquiera el más mínimo control. Debería responder por qué en lugar de cerrar el destacamento, lo trasladó a un predio para el deporte y la recreación.
En el nuevo destacamento de Lomas del Mirador, Espinoza lo sabe, los chicos de nuestro barrio siguen siendo torturados por la misma policía. El intendente sabe que la diseminación de ‘pitufos’, policía local, por todo el distrito sólo empeora las condiciones de vida de los pibes. Espinoza sabe que sigue enriqueciendo al narcotráfico y la mafia organizada.
Un año de silencio e impunidad de la clase política. Empezó Jorge Telerman como flamante del 1er comunicado del Gobierno de la Provincia. Sobre el hallazgo de Luciano, Telerman dijo: ‘Lamentamos los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’. En el afán de lavarse las manos por años de abandono violencia, incurrieron en un gravísimo e inaceptable accionar: ser cómplices.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es cómplice de la metodología siniestra que desaparece personas con la etiqueta de NN. El gobierno provincial oculta y miente, porque Luciano fue atropellado en la Provincia y porque la Bonaerense así lo quiso.
Rápidamente llegaron los dichos del ministro de Justicia, Ricardo Casal: ‘Lo del chico Arruga es un caso hospitalario’. A Casal lo conocemos, recordamos cuando y cómo maltrató – junto a Stornelli que era ministro de Seguridad – a nuestra compañera Vanesa Orieta.
Casal afirmó en Radio Provincia que estaba en contacto permanente con nosotros, cuando sólo lo vimos una vez y nos echó de su despacho. Recordamos que los trabajadores de la radio que le preguntaron a Casal por el caso fueron inmediatamente despedidos. Si fuera ‘hospitalario’, Casal, no seríamos amenazados y agredidos sistemáticamente desde hace casi 7 años por la Policía Bonaerense.
El silencio de Scioli y de la presidenta dejó todo claro: la contracara del abandono y basureo a familias es la multiplicación de policía. A Scioli le preguntaron qué tenía para decir sobre el caso y él pidió permiso para retirarse. Mejor, nos da vergüenza cuando hablan.
Su sucia campaña para ser presidente no tapa la sangre que brota en cada rincón del Conurbano y la Argentina: la policía mata cada 28 horas”.
