Luego de que el juez Oritja levantara la medida que prohibía la utilización de cianuro en la mina Veladero, organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo y preocupación ante la decisión.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), señaló: “En San Juan, todo puede pasar como, por ejemplo, que a 24 horas de conocerse que fueron 1 millón los litros de cianuro derramados sobre la cuenca del río Jáchal, un juez tome la decisión de levantar la medida cautelar desconociendo los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral del derecho ambiental”.
“La estrategia coordinada por Barrick y el Gobierno de Gioja es instalar la teoría de que ‘ya está’, ‘no pasó nada’, cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina“, remató Viale.
“Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente”, planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Asimismo, planteó el grave problema que constituye “la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas”.
“No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requiere máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia”, agregó.
En esta línea, tanto la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) emitieron un comunicado en conjunto exigiendo “el inmediato esclarecimiento del incidente – cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, como las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero”.
