En una nota en Página 12, el historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede desenredan el rol de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico-militar.
A partir del estudio de los diarios del provicario Victorio Bonamín, los investigadores pudieron dar cuenta de que al menos “102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos”.
“La dimensión religiosa del terrorismo de Estado estuvo presente en las diversas fases y con diferentes intensidades: convenciendo de la peligrosidad ideológica y material del ‘enemigo subversivo’, intensificando las ideas de ‘crisis moral’ y ‘guerra justa’, excitando a las Fuerzas Armadas a la toma del poder, acompañando su accionar represivo, avalando teológicamente los métodos clandestinos o instando a los detenidos a la delación”, aseguraron Lede y Bilbao al periodista Diego Martínez.
Hasta el momento, el único miembro de la Iglesia Católica condenado por delitos de lesa humanidad es Christian von Wernich, ex capellán de la policía del torturador Ramón Camps: incluso así, no recibió ninguna sanción eclesiástica y oficia de sacerdote desde el penal de Marcos Paz.
“Igual que muchos militares juzgados como autores mediatos en el área o unidad donde fueron responsables, les cabe a los capellanes una máxima equivalente, ya que eran funcionarios públicos, tuvieron un despliegue territorial enorme y adaptado a la estrategia militar y, más importante aún, ocuparon hacia el interior de cada unidad una posición de cierta ‘paridad’ con los jefes e influencia sobre el resto de los militares que les permitía ejercer una forma de poder”, advierten los investigadores.
Ambos investigadores presentaron los resultados de su trabajo y enviaron un informe a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad: ¿seguirá el Estado protegiendo a una de las patas del aniquilamiento?
Fuente: Página 12
