A principios de marzo, el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) habilitó a la administración Macri para comprarlas y equipar a las fuerzas de seguridad. Rápidamente, el Observatorio de Derechos Humanos, con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad, presentó un recurso extraordinario para impedirlo.
“Nunca se compraron Taser y para el 2015 no está previsto adquisición alguna. Ni siquiera están presupuestadas”, aseguraron a Infobae desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
“El llamado a licitación fue por 5 armas de ese tipo para conocer su funcionamiento sobre todo en ámbitos reducidos o en personas descontroladas”, explicaron.
El Comité de la Naciones Unidas contra la Tortura dictaminó que el uso de armas Taser puede considerarse “una forma de tortura”. Amnistía Internacional, contra la versión oficial que justifica la compra de dichas armas, tiene registradas casi un millar de personas que murieron después de haber recibido una descarga.
