El edificio, situado en la avenida Pavón al 4100, fue ocupado hace 25 años por 37 familias que se habían quedado en la calle. Vecinos, organizaciones sociales y legisladores lograron frenar el desalojo provisoriamente.
“De acá no nos vamos a ir. Somos 37 familias que llegamos acá con el boca a boca. Yo vivía con mi madre y seis hermanos y pagábamos un alquiler hasta que no pudimos pagarlo más y llegamos a este lugar hace 25 años”, aseguró Luis Roldán, delegado de las familias, a Télam desde el interior de la casona.
Durante toda la noche, más de 100 vecinos, legisladores y organizaciones sociales acompañaron el reclamo de los habitantes del inmueble para que la Policía Metropolitana no pudiera llevar adelante el desalojo ordenado por el juez Christello.
“El Gobierno de la Ciudad ofreció un subsidio de 1.800 pesos, pero con esa plata nadie vive en ningún lado”, contó Roldán. “Lo que nosotros pedimos es un techo, no queremos subsidios. Acá nos quedaremos resistiendo porque no tenemos donde ir”, agregó.
“Estamos dispuestos a pagar un alquiler porque no queremos que nos regalen nada. Sabemos que esto no es nuestro, que tiene un dueño, pero queremos sentarnos a negociar para que no quedemos en la calle”, sentenció.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó también ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de “Amicus Curiae” (amigo del Tribunal) a la causa.
Esta mañana, la justicia suspendió de manera provisoria el desalojo: el miércoles próximo habrá una mesa de negociación entre la constructora Pavón S.A – que reclama el edificio – y las familias para buscarle una solución al conflicto.
