La Cámara del Crimen confirmó que los dueños del boliche Beara le pagaban sobornos a funcionaros públicos para habilitar el lugar. Allí, el 10 de setiembre de 2010 murieron dos jóvenes por el derrumbe de un entrepiso.
Tras varios años de investigación, la Cámara del Crimen confirmó que el boliche Beara fue habilitado de manera irregular por el pago de sobornos de los dueños del lugar a funcionarios públicos (y presuntamente también a policías).
“El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina ‘cometa’ a fin de obtener la habilitación del local”, determinó la resolución judicial. “Dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente”.
En esta línea, la Sala Séptima del tribunal confirmó los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano, del inspector Carlos Gabriel Mustapich, y de los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.
Lo mismo hizo con los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto, del arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky, y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada.
Además, la Cámara revocó los sobreseimientos del ex jefe de Habilitaciones del gobierno porteño Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas.
Todos ellos quedaron imputados por los homicidios de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, y por la presunta participación en las irregularidades que posibilitaron la habilitación del lugar.
Fuente: DyN
