El informe sobre las torturas y los métodos utilizados en las investigaciones posteriores a los ataques terroristas de septiembre de 2001, en el que se denuncia crueldad, abuso, brutalidad y mentira por parte de agentes de la Central de Inteligencia (CIA); ha desatado una convulsión política en los Estados Unidos.
Luego de la publicación del informe del Senado y de que se multiplicaran los pedidos de enjuiciamiento – tanto en los Estados Unidos como a lo largo y ancho del mundo, especialmente en lo que respecta a los organismos internacionales de derechos humanos -; miembros de la oposición republicana y ex funcionarios de la administración Bush ensayaron una justificación de los hechos y atacaron a quienes dieron a conocer la información sobre el uso de la tortura y métodos ilegales por parte de la CIA a la hora de interrogar a las personas sospechadas de terrorismo.
En esta línea, varios ex funcionarios – incluido el mismo Bush – defendieron las prácticas de la agencia de inteligencia y aseguraron que, si no fuera por ellas, no se podría haber intervenido sobre las diversas tramas terroristas ni haber detenido a sus principales líderes.
“La noción que el comité está tratando de vender de que de alguna manera la agencia estaba operando por su cuenta y que no se nos decía -y que al presidente no se le decía- es una mentira total”, lanzó Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush, en diálogo con la cadena Fox.
“Le pedimos a la agencia que tomara medidas e implementara programas diseñados para capturar a los cabrones que mataron a 3.000 de nosotros el 11 de septiembre y asegurarnos de que no volviera a ocurrir, y eso es exactamente lo que hicieron, y merecen mucho crédito, no la condena que están recibiendo por parte de los demócratas del Senado’, agregó.
La central de inteligencia norteamericana reivindicó, por su parte, las tácticas de tortura utilizadas contra los detenidos y aseguraron que “proveyeron detalles cruciales” para capturar a, por ejemplo, Osama Bin Laden.
Pese a las condenas internacionales y a la creciente presión política, la Casa Blanca desestimó involucrarse en el caso y – extraoficialmente – advirtió que no juzgará a los involucrados en las torturas y apremios ilegales. “No es una cuestión del presidente de Estados Unidos. No es el presidente de Estados Unidos quien debe llevar a cabo una investigación penal sobre las acciones de alguien que trabaja en la CIA”, señaló Josh Earnest, secretario de prensa del gobierno de Barack Obama.
Mientras tanto, y al interior de los Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos y parte de la prensa exigen la iniciación de los juicios al considerar que no hay justificación para llevar adelante tales prácticas. “Que algunos de los detenidos fueran altamente peligrosos no autoriza a someterlos a un trato ilegal que avergüenza a Estados Unidos y sirve de herramienta a los terroristas para reclutar nuevos miembros”, esgrimió en su editorial The New York Times.
Ante las presiones y el fuego cruzado: ¿podrá soportar y mantener su postura de no intromisión la administración de Barack Obama?
