Miles de estudiantes mexicanos – se plegaron aproximadamente 70 universidades públicas y privadas de todo el país – tomaron las calles en señal de protesta por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sur del estado de Guerra, desaparecidos hace un mes atrás.
La movilización de los estudiantes no se da en un vacío sino que, por el contrario, la denuncia de la sistemática violación a los derechos humanos en México ha llegado a su pico: más de una veintena de ayuntamientos fue tomado por profesores y campesinos en la zona de Guerrero, se tomó la alcaldía de Acapulco y la ola crece al ritmo de la indignación.
El 26 de septiembre pasado, unos 80 estudiantes de la escuela del magisterio “Raúl Isidro Burgos”, conocida como la “Normal de Ayotzinapa”, ingresaron a la ciudad de Iguala cuando el alcalde José Luis Abarca decidió bloquearles el paso. ¿El motivo? Se desarrollaba en el centro un acto de su esposa y no quería que los estudiantes normalistas – alumnos de comunidades pobres que estudian bajo régimen de internado para ser maestros de primari y tienen una tradición combativa con acciones como bloqueos callejeros y toma de casetas de autopistas – les “arruinara la fiesta”.
Abarca, informado sobre el ingreso de los estudiantes por la Policía Municipal y “halcones” – es decir, informantes – del “Guerreros Unidos” – un cartel narco de la zona al cual, según la fiscalía encargada de la investigación, el mismo alcalde y su esposa pertenecen – decidió echarlos a los tiros.
Tras persecuciones y disparos, los estudiantes fueron privados de su libertad por policías municipales. Éstos, luego, se los entregaron a miembros del cártel de “Guerreros Unidos” y nunca más se supo de ellos.
Mientras tanto, peritos argentinos pertenecientes al prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajan en la identificación de más de 30 cadáveres encontrados en fosas clandestinas: el primer exámen de ADN realizado por la justicia mexicana dió negativo, por lo que las familias de los estudiantes desaparecidos exigieron que un equipo independiente haga los peritajes.
“En México tiene que haber un antes y un después de estos hechos, y el Estado tendría que demostrar su compromiso con los derechos humanos porque ha fallado”, aseguró Perseo Quiroz, representante de la organización Amnistía Internacional en México.
Organismos mexicanos e internacionales estiman que son alrededor de 22.000 los desaparecidos en los últimos años en el país: prueba de ello es la cantidad de fosas clandestinas que han aparecido en este último mes mientras se intentaba dar con los 43 estudiantes desaparecidos.
“México es una gran fosa común” es la frase que resuena en las movilizaciones estudiantiles, las marchas y tomas de ayuntamientos mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto se ve cada vez más acorralado.
