Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga – desaparecido desde el 31 de enero de 2009 – cuenta cómo se entrecruzan el aparato represivo, la criminalización de los sectores populares, los casos de gatillo fácil y los desaparecidos en democracia.
El 31/01/2009, Luciano Arruga volvía para su casa luego de estar con amigos todo el día: la tarde anterior, le había confesado a la kiosquera del barrio las ganas que tenía de retomar los estudios para regalarle a su hermana, Vanesa, el título secundario.
Era ya la medianoche cuando, sobre la Avenida Mosconi de Lomas del Mirador, lo paró un patrullero policial. Hay testigos que cuentan cómo lo palparon, pegaron y maltrataron. Lo dejaron ir. Luciano siguió caminando para su casa y nadie sabe si se dió cuenta o no que el patrullero todavía lo seguía. En Perú y Pringles, lo metieron a la fuerza en el vehículo policial mientras era brutalmente golpeado. Tiempo después, fue visto en el Destacamento de Lomas del Mirador todo ensangrentado y lastimado: no era la primera vez que lo golpeaban y torturaban pero sí fue la última que se lo vió con vida.
Luciano no supo de Videlas, Galtieris, Menéndez, Acostas o Etchecolatz pero sufrió también todo el peso del aparato represivo estatal. No luchaba por la “patria socialista” ni contra la dictadura militar pero también lo desaparecieron: por ser pobre, por no querer robar para la policía.
Sus familiares no hicieron rondas en Plaza de Mayo pero sí una vigilia en Lomas del Mirador: también luchaban contra la impunidad, la justicia y el olvido bajo la suela del zapato de los poderes y poderosos de turno. No fueron maniatados por militares sino por la maraña política y judicial en que quedó envuelto el caso.
Y todo esto en democracia.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, cuenta cómo funciona el aparato represivo – intacto desde la última dictadura militar -, cómo se entrecruza con la criminalización de los sectores populares; así como también los intereses, “mafias” y connivencias que están detrás del accionar político, judicial y policial que consolidan día a día la impunidad.
A 38 años del golpe militar, con treinta mil desaparecidos a cuestas, y con avances significativos en las condenas y juzgamientos a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, la reivindicación a la memoria y el pedido de justicia no podrán dejar de lado sus efectos más inmediatos y desencarnados: los más de tres mil asesinados por el gatillo fácil desde la apertura de la democracia, las más de doscientas personas desaparecidas en este tiempo y, todo ello, sin contar a las cientas de mujeres desaparecidas por las redes de trata.
