Pese a todos los conflictos que se presentan con el sector, el gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la ley 7799 de reforma al Código Procesal Penal que aprueba la requisa policial sin orden del juez y también la suma de poder para los fiscales.
El gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la ley 7799 de reforma al Código Procesal Penal y convalidó la requisa policial sin orden del juez y también la suma de poder para los fiscales.
Hecho por el cual el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia emitió en el día de ayer un comunicado en el que cuestiona fuertemente esta reforma por considerarla una muestra totalmente en contra de los derechos constitucionales y las garantías individuales de los salteños y ya advirtió que presentará un planteo de inconstitucionalidad.
Asi mismo varias organizaciones políticas, sociales, gremiales, y estudiantiles se unieron en defensa de las Libertades Democráticas, para luchar contra los superpoderes que, según advierten, implica un “retroceso a las libertades de los ciudadanos, que evoca los tiempos más violentos de la represión por parte del Estado en nuestro país”.
Con esta nueva reglamenta la policia podrá realizar requizas sin orden judicial a personas,vehículos, aeronaves y buques con la finalidad de hallar cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito.A su vez con esta nueva reglamentación un ciudadano pueda ser investigado sin que lo sepa él ni un juez de garantías .Desde el Gobierno se argumentó que los superpoderes policiales son necesarios para luchar contra las drogas ya que permitirán actuar contra los vendedores al menudeo.
Por otra parte cabe destacar en la provincia de Salta se realizan más de 350 denuncias cada año por abusos de policías, así lo indican los datos de la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias. A su vez la Policía salteña, siempre fue fuertemente cuestionada por vínculos con el narcotráfico,de hecho ocupa los primeros lugares en el ranking nacional por el “gatillo fácil’ y por los apremios ilegales.
Miembros del colegio de Abogados daban su opinión “Esto sin duda es un retroceso en las garantías constitucionales. La reforma arranca de raíz el núcleo de garantías constitucionales que hay en el Código Penal. El más complicado es la sustracción de que el acusado sea oído por un juez imparcial e independiente y que lo oiga solo el fiscal, el órgano acusador. Se remueve un escollo que tenían los fiscales. También se desplaza al juez en declaraciones sobre flagrancia. La requisa sin orden judicial es delicado porque la Policía no está capacitada y no tiene el mínimo criterio”.
