A casi 5 años de su desaparición,el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó con los trabajos de excavación en el ex destacamento policial de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador en el que fue visto por última vez con vida el joven de 16 años desaparecido en 2009.
Comenzó el peritaje antropológico exigido y conquistado mediante su lucha por los familiares de Luciano Arruga luego de más de un mes de acampe en el ex Destacamento de Lomas del Mirador, último lugar en donde se lo vió con vida al joven de tan sólo 16 años.
Más de una decena de personas con palas, picos y otras herramientas, fueron supervisadas por autoridades del EAAF, para realizar las excavaciones, ingresaron alrededor de las 11 a la propiedad, ubicada en Indart 106 de esa localidad del partido de La Matanza y bajo custodia de Gendarmería Nacional desde 2011.
El trabajos se llevará a cabo durante toda esta semana, donde se realizará la limpieza, la remoción de escombros y el levantamiento del piso del terreno, para que luego en una segunda fase los antropólogos forenses puedan desarrollar su tarea con comodidad.
Su hermana Vanesa decia “Mantener a una familia cuatro años y nueve meses en este estado de incertidumbre cuando se podía hacer un peritaje muchísimo más rápido es inhumano”, dijo la joven, pese a que consideró “positivo” que luego del “esfuerzo enorme” se hayan comenzado con las excavaciones.
Hay varias expectativas en el lugar ya que en anteriores peritajes hubo resultados positivos “Siempre recordamos que en este lugar se hicieron peritajes con perros al comienzo de la causa que dieron resultados positivos. Los perros reaccionaron en este destacamento, en un patrullero y en un descampado muy cercano”, dijo Vanesa.
La familia estuvo acompañada por amigos de la víctima, por su abogado Juan Manuel Combi, por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y por el diputado provincial por el Frente Para La Victoria, Miguel Ángel Funes.
Además del peritaje, los familiares también reclaman que el lugar sea destinado a un espacio de memoria totalmente independiente del Estado