La multinacional Monsanto intimó, a través de cartas a documento, a vecinos, asambleístas y miembros de organizaciones sociales a terminar con el bloqueo que tiene paralizada la construcción de su planta en Malvinas Argentinas, Córdoba. El 30 de septiembre pasado, la policía cordobesa intentó desalojarlos ilegalmente.
Desde el miércoles 18 de septiembre, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales, se encuentran realizando un acampe frente del predio de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba sobre la ruta A 188, en rechazo a la instalación de la empresa multinacional.
El pasado 30 de septiembre, mientras el acampe funcionaba como corte a las puertas de la empresa, evitando la entrada de cualquier camión o vehículo que pretendiera ingresar a la planta; la policía cordobesa intentó desalojarlos ilegalmente – al no contar con la orden de desalojo-. A pesar de los detenidos, heridos, forcejeos, golpes, arrastre de personas y utilización de gas pimienta, el acampe continuó.
La pretensión de Monsanto de continuar con la construcción de la planta a pesar de la existencia de acciones judiciales pendientes por falta de aprobación de informe de impacto ambiental, licencia social previa y flagrantes violaciones legales en el procedimiento ante la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba; deja bien en claro el poder con el que cuenta la empresa nortemericana: saltar las mínimas regulaciones locales, contar con el accionar ilegal de la policía local y que la justicia cordobesa desestime pedidos de hábeas corpus “por no tener firma de abogados”, son varias de las modalidades en que se expresa.
Teniendo ello en cuenta, la intimación por parte de Monsanto, a través de cartas a documento, a Eduardo Quispe – de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida – y Sofía Gatica – de Madres de Barrio Ituzaingo – es un nuevo capítulo en esta historia de atropellos: los instan al cese del bloqueo que paralizó las obras de su planta en Córdoba, con la amenaza de que el incumplimiento podría acarrearles delitos de hasta 3 años de prisión.
Fuentes: @lavacatuitera @arandadario
