Organismos de derechos humanos denunciaron que continúan las prácticas ilegales de esterilización forzada y la aplicación de dispositivos intrauterinos (DIU’s) sin consentimiento en México. En la década de los 70, un millón y medio de mujeres mexicanas fueron esterilizadas por el Estado.
Organismos de derechos humanos mexicanos e internacionales denunciaron que las autoridades estatales y federales del sector salud continúan las esterilizaciones y aplicación de dispositivos intrauterinos (DIU’s), sin consentimiento, así como la coerción psicológica para obligar a mujeres a firmar la hoja de consentimiento. “La práctica no es un hecho aislado (…) Es una forma de control de la natalidad, junto con las esterilizaciones forzadas. Se trata de una política violatoria de los derechos humanos”, comunicaron.
“Son políticas muy soterradas, los Gobiernos no lo admiten, pero tenemos denuncias”, aseguró Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas. “Son mujeres pobres, indígenas o de municipios marginados”, confirmó y agregó: “Pareciera que la solución del Gobierno para acabar con la pobreza es evitar que las pobres se reproduzcan”.
Ya en la década de los años 70, un millón y medio de mujeres mexicanas fueron esterilizadas en el transcurso de sólo seis años (entre 1978 y 1984). Las operaciones fueron ejecutadas por organismos nacionales del sector de la salud y por instituciones internacionales como la Fundación Ford.
En el presente, dichas prácticas se esconden, en general, bajo los programas sociales como el llamado “Oportunidades o Solidaridad“: “Se les ofrecen 500 pesos o becas para los hijos a cambio de charlas y si no quieren ir a las charlas, les dan la opción de ponerse el DIU, eso puede cubrir 12 meses de reuniones”, informaron las organizaciones denunciantes. Asimismo, confirmaron que, en la mayoría de los casos, la falta de información logra que la esterilización forzada hace que las mujeres sometidas a las operaciones ni siquiera lo sepan: “Eso se puede probar porque en los hospitales no hay traductores, por lo tanto, ellas firman un consentimiento y no entienden lo que está autorizando”.