En el día de ayer, YPF rubricó el acuerdo con Chevron para explotar el yacimiento neuquino en los próximos años mediante el método de fracking o fractura hidráulica. Cristina Kirchner se mostró luego junto al CEO de Chevron, John Watson. Vaca Muerta en manos de Chevron.

 

Finalmente, luego de seis meses desde que comenzaron las negociaciones y a un año y medio de la expropiación parcial de activos a la española Repsol, YPF logró rubricar un acuerdo con la petrolera norteamericana Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén.

Según el comunicado emitido ayer por la empresa comandada por Miguel Galuccio, la inversión inicial correrá por cuenta de la norteamericana, que pondrá los primeros 300 millones de dólares. Sólo falta el visto bueno del Gobernador de la Provincia de Nequén, Jorge Sapag, quién tendrá que aprobar la asociación. YPF le exige una concesión petrolera por 35 años, lo que implica un período de explotación muy por encima de los plazos habituales. Cuando se agoten los primeros fondos inyectados por Chevron, comenzarán las inversiones en partes iguales. El acuerdo contempla un aporte inicial de la petrolera norteamericana de US$ 1240 millones.

Por la tarde, y tras firmar el acuerdo en el edificio donde funciona la petrolera semi-estatal, Cristina Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a John Watson, presidente de Chevron y a Ali Moshiri, jefe de negocios de la empresa en África y América Latina. También asistió Miguel Galuccio, presidente de YPF.

Desde sectores afines al gobierno, aseguran que el joint venture entre Chevron e YPF para explotar la superficie de 20 kilómetros ubicada entre Loma La Lata Norte y Loma Campana es un desarrollo “piloto” de una nueva política para el sector. Esta suerte de ensayo, constituiría una forma de medir la respuesta del yacimiento, así como también un “nuevo modelo de alicientes a la inversión privada para atraer capitales y tecnología”.

Pero, bajo la bandera de la “soberanía energética”, se ha consolidado el acuerdo con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo; y aún desconociendo fallos históricos de otros países del Mercosur, como el embargo que pesa sobre la petrolera norteamericana tras contaminar por más de veinte años buena parte de la selva del Amazonas ecuatoriana. A pesar de esto, y aprovechándose de las presiones de Repsol, Chevron logró incluso que se apruebe el Decreto 923, publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes, establece que todas las empresas que inviertan una cifra mayor a mil millones de dólares en cinco años podrán exportar después de ese plazo “el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos”, sin ningún tipo de retenciones impositivas. Además, posibilita que las firmas extranjeras gocen “a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos” sin pagar derechos de exportación; así como también las compañías ”tendrán la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos menciones”.

Ni siquiera se han mostrado los detalles del documento con los términos formales del acuerdo. Incluso, una de las versiones que circulan, es que el mismo estaría atado a la jurisdicción legal de los Estados Unidos; clausula que le evitaría a Chevron buena parte de los dolores de cabeza que sufrió en Ecuador en el pasado. Este gran guiño hacia el sector privado aclara un poco el rumbo que desea tomar la empresa semi-estatal; demostrada por los anuncios inmediatos de otras trasnacionales como Exxon, Shell y Total.

Pero tal vez uno de los máximos problemas que apertura el acuerdo y que confirman desde el Decreto 923 con la creación de la figura de “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos“, es la proliferación del fracking o fractura hidráulica como método de explotación de recursos naturales.

Este sistema de explotación de yacimientos de hidrocarburos altamenta contaminante funciona mediante la inyección de agua, arena y diversos componentes químicos a alta presión para fracturar la roca madre y, de esta manera, extraer los hidrocarburos. En cada pozo o fractura se utilizan alrededor de 19 millones de litros de agua, entremezclada con productos químicos tóxicos, elementos radioactivos y metales pesados. Las consecuencias ambientales de esta técnica son ya conocidas y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales; además de la activación de fallas geológicas que podrían originar fuertes movimientos sísmicos.

El acuerdo, que desató la resistencia de buena parte de las organizaciones sociales, vecinos y comunidades originarias, deja de lado todo esto en busca de una zanahoria que YPF no podrá alcanzar (la “soberanía energética”) y, mucho menos, de la mano de Chevron.

 

 

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