Organizaciones indígenas del Ecuador se declararon en resistencia contra la anunciada reforma a la Ley de Minería propuesta por el Poder Ejecutivo del gobierno de Rafael Correa. Consideran que los cambios violentan sus derechos en favor de grupos transnacionales y exigen ser consultados.
La cuarta asamblea de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y los representantes de las federaciones provinciales de la sierra y Amazonia, se reunieron en Quito este el último martes para llegar a una conclusión frente a las reformas que el presidente Rafael Correa planteó para la Ley Minera.
Luego de la reunión, los representantes indígenas decidieron que la comisión que trata este proyecto, debe convocar a una consulta prelegislativa y se resolvió que ejercerá su “derecho a resistencia” ante la proyectada modificación de la norma, que reduce drásticamente los permisos requeridos para iniciar exploraciones.
Previamente, el pasado 23 de mayo, en un documento enviado a la Asamblea Nacional, ya habían solicitado el pedido de que se realice una consulta pre legislativa, sin obtener respuesta alguna.
Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, consideró que la falta de consulta “sería una violación flagrante a la Constitución y tendría que llegar a la Corte Constitucional y luego a las cortes internacionales”. “Si antes exigían diez requisitos, diez informes, hoy se pide apenas dos. Si ante se pedía estudios de impactos ambientales, evaluación de impactos ambientales para la fase de explotación minera, hoy se exige solamente una ficha y una declaración ambiental”, señaló Pérez.
Para el dirigente indígena, la iniciativa del Ejecutivo responde a “intereses de las grandes empresas mineras y violenta los derechos de los pueblos. (…) Es una ley vende patria, entreguista, una ley que se arrodilla ante las mineras chinas y transnacionales”. “Vamos a seguir resistiendo, y el Presidente de la República no nos va a quitar el derecho a resistir”, aseguró Carlos Pérez Guartambel. Asimismo, informó que presentarán a la Asamblea nacional un documento enlistando las violaciones a derechos colectivos que se estarían cometiendo con las reformas.
Por otra parte, los nativos consideran que la modificación a la Ley de Minería “desproteje los derechos de la naturaleza”, puesto que reduce de diez a dos los permisos requeridos para realizar actividades de exploración minera. En este sentido, rechazan que se proponga eliminar el pronunciamiento de los consejales de cada municipio sobre los estudios de impacto ambiental para exploración minera en cada localidad.
El 16 de junio es la fecha donde vence el plazo para que las reformas a la Ley Minera sean aprobadas por la Asamblea Nacional.
