Mauricio y Franco fueron asesinados por la policía cuando fueron a ver el descarrilamiento de un tren en José C. Paz. El ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal dijo que el hecho fue provocado para robar la carga. La Cámara de San Martín negó esta acusación y apartó al tribunal que iba a encarar el juicio oral a los dos policías implicados en los asesinatos de los jóvenes.
El 3 de febrero de 2011, alrededor de las 14.30, descarriló un tren carguero de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que transportaba treinta y dos vagones con alimentos y autopartes frente al barrio popular La Cárcova, en la localidad bonaerense de José León Suárez.
Inmediatamente, el personal de la empresa solicitó seguridad policial que llegó al lugar aproximadamente media hora después y solicitó refuerzos debido a la cantidad de gente que comenzaba a amontonarse a ver lo que sucedía. Según detalla el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Franco Almirón, de 16 años, Mauricio Ramos, de 17, y Joaquín Romero, de 19, habitantes del barrio La Cárcova, se dirigían en sus bicicletas a buscar cartones a los basurales de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) y se detuvieron a mirar lo que ocurría.
Los agentes policiales que llegaban al barrio comenzaron automáticamente a disparar balas de goma, que fueron respondidas con piedras y otros objetos por parte de los vecinos del barrio. La represión se intensificó con gases lacrimógenos, mientras continuaban con las balas de goma; mientras un grupo de personas intentaba sacar productos del tren parado y otros vecinos del barrio miraban. De repente, los policías comenzaron a disparar municiones de plomo contra la gente.
Franco y Mauricio se refugiaron detrás de unas chapas y chatarra que había en el lugar. Los policías se ensañaron especialmente con ellos; “dispararon desde unos treinta metros con escopetas y armas de puño con proyectiles de plomo. Se concentraron, precisamente, en el montículo de chatarra en el que se resguardaban Franco y Mauricio. El disparo de gases para obligar a salir a los chicos que se protegían detrás de las chapas fue un ataque coordinado que no pudo haberse producido sin la autorización de los jefes policiales presentes en el lugar”, señala el comunicado del CELS.
Franco Almirón falleció antes de llegar al Hospital Belgrano, mientras que Mauricio Ramos murió horas después. Joaquín Romero, el otro chico de 19 años gravemente herido con munición de plomo en el tórax y el abdomen pudo salvar milagrosamente su vida luego de someterse a varias operaciones de urgencia.
Desde un primer momento, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, estableció la versión de que el descarrilamiento había sido provocado por los habitantes de La Cárcova con el objetivo de saquear el tren y que se produjo un ataque por parte de los vecinos del barrio hacia los efectivos policiales.
“La banda es muy conocida en el barrio, los que tenían las armas eran ellos, y fueron los que lideraron este robo, descarrilando intencionalmente un tren. (…) Esto no fue un saqueo: fue un asalto con armas de fuego. Hay una banda que está identificada y la estamos investigando. La banda descarriló el tren y arengó a la gente para que esto ocurriera”, señaló Ricardo Casal luego de la muerte de los jóvenes, y tras afirmar que los policías y el maquinista del tren fueron atacados por los vecinos del barrio a pedradas y tiros.
Sin embargo, esta versión encubridora de los hechos fue desvirtuada por la investigación judicial. Por ello, la Cámara de Apelaciones de San Martín hizo lugar al pedido de los particulares damnificados y apartó de la causa al Tribunal Oral 1; encargado de llevar adelante el juicio a Gustavo Sebastián Denis, policía acusado por los homicidios de Franco Almirón y Mauricio Ramos, así como también Ezequiel Vega Lomaquis, imputado por las heridas de Joaquín Romero.
La Cámara, por unanimidad, hizo lugar a la recusación “a fin de descartar toda duda o temor de parcialidad” por parte de los integrantes de ese tribunal. La medida se fundó en que los jueces recusados se habían declarado “incompetentes” por entender que en el caso debía intervenir la Justicia federal, dado que la represión policial que terminó con dos muertos y un herido se había dado como respuesta a un supuesto “descarrilamiento provocado dolosamente. Los camaristas desecharon la existencia del “descarrilamiento doloso y saqueo” posterior, ya que los resultados de la investigación arrojaron que descarriló como consecuencia de desperfectos en los rieles. A la espera de la designación de un nuevo tribunal, el juicio oral está previsto que se lleve adelante antes de fin de año.
