El oficialismo convocó para mañana a una plenario de comisiones a representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en función de escuchar las críticas vertidas respecto a dos de los seis proyectos de ley presentados la semana pasada.
El paquete de seis proyectos de ley para la “democratización de la justicia”, anunciado por Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en la Casa Rosada, ha sufrido cuestionamientos y férreas críticas del arco opositor desde su presentación en el Congreso; todas cuales ha hecho caso omiso.
Sin embargo, este domingo, el oficialismo se desayunó con algunas críticas a dos de los seis proyectos de ley, mediante un comunicado emitido por el CELS y la columna dominical de su presidente, Horacio Verbitsky, en el diario Página 12.
De entrada, Verbistky deja bien en claro el tono de sus críticas: “El análisis de los proyectos no avala las lecturas extremas. Ni consumarán la revolución copernicana que pregona el gobierno ni peligran las instituciones como repiten los pastorcitos de la oposición, siempre dispuestos a anunciar una catástrofe inminente con tono jubiloso”.
Y, en consecuencia, señala : ”Algunos de los proyectos son excelentes, otros son buenos, los hay regulares y también malos e incluso uno que incurriría en restricciones inconstitucionales a derechos básicos. Todos regulan la relación entre el poder político y el sistema de Justicia, pero no inciden en las actitudes judiciales ante los diversos conflictos propios de la exclusión social y la desigualdad”.
Especíificamente, el CELS plantea sus cuestionamientos en torno al proyecto de ley que trata la regulación de las medidas de cautelares y el de la creación de tres cámaras de casación.
Respecto del primer proyecto, para Verbitsky “no solo es dudosa la constitucionalidad” sino que “tampoco apunta con precisión a los poderes fácticos que preocupan al gobierno y que poseen capacidad económica para costear los abogados más caros y mejor conectados. En cambio, afecta la tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 requiere que las herramientas judiciales disponibles incluyan medidas cautelares y recursos judiciales sencillos y rápidos para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. (…) No es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos”.
En lo que concierne al proyecto que trata la creación de tres cámaras de casación, destacó que, aunque se reclama una mayor horzontalidad en el sistema judicial, el proyecto favorecería a la verticalidad del mismo.
