Los productores rurales montaran una carpa verde soja en el predio de La Rural, como protesta por lo que consideran propio y exclusivo. El predio que fue vendido a la mitad de su valor en el año 1991y en forma irregular fue declarada “sustracción al patrimonio nacional” por el juez Sergio Torres que entiende en la causa.
La mesa de enlace prevee además convocar a una Asamblea el 19 de enero fecha próxima al vencimiento del plazo de 30 días impuesto por el Poder Ejecutivo para que la Sociedad Rural Argentina abandone el predio.
El jueves pasado se realizo una Asamblea en la localidad bonaerense de Azul, con representación de 50 localidades de la provincia donde los discursos coincidieron que el decreto presidencial constituye un “ataque al derecho de propiedad”.
Los ruralistas se refieren a la medida presidencial que fue tomada a través del decreto 2552, que revocó lo dispuesto en el 2699/91 por el que se vendió a la SRA ese predio un valor equivalente a 30 millones de dólares, “menos de la mitad del valuado por el Tribunal de Tasación por el cual se va a llevar a cabo “la recuperacion” del predio.
Esta venta, fue caracterizada como “una sustracción al patrimonio del Estado Nacional”, por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa.”El precio vil de 30 millones de dólares, establecido como valor de aquel predio, representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 dólares – a valores de 1991″. Explicaba.
Se omitió asignar valor a la tasación, realizada por aquel entonces por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que, dentro del predio, ya eran propiedad del Estado argentino por el usufructo que la Sociedad Rural Argentina había realizado del mismo hasta el año 1991″.
Sin que mediara justificación alguna, la venta del predio fue realizada en forma directa “evitando los mecanismos de la normativa vigente que eran el remate o la licitación pública”. Se le concedió a la Sociedad Rural un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble, cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida y por esas razones el juez Torres procesó al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y a directivos de la SRA en ese momento, de los Bancos Hipotecario y de la Ciudad de Buenos Aires, y de los organismos involucrados “por el delito de peculado”.
