El juicio por la megacausa constituye el proceso con mayor número de casos y acusados por crímenes cometidos durante la dictadura militar, el Tribunal Oral Federal Número 5 dio comienzo esta mañana a una nueva sección del juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la que se juzgarán 789 hechos, entre ellos los llamados “vuelos de la muerte”.

En  los Tribunales de Retiro, volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados, entre otros, el ex jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas G.3.2, el represor Jorge “El Tigre” Acosta”; el ex capitán Alfredo Astiz y Adolfo Donda, a la vez que está previsto que declaren unos 900 testigos y diferentes acusados con distitas responsabilidades como Miguel Angel García Velazco, Mario Daniel Arru, Julio Alberto Poch, Emir Susul Hesso y Ricardo Ormello, un mecánico aeronáutico sospechado de ser uno de los auxiliares que empujaban a las victimas al mar.

La  nómina está integrada por 68 acusados altos oficiales navales, de Prefectura y Gendarmería; de la Policía Federal, un oficial del Ejército y los pilotos y auxiliares navales acusados de participar de los llamados “vuelos de la muerte”, ocurridos entre 1976 en el contexto de  de la dictadura, cuando los prisioneros eran arrojados vivos al mar.

Las principales  víctimas están las  Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. En el  tercer tramo del proceso también se juzgará el asesinato de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.

En el recinto donde se desarrolla el juicio, en los tribunales federales de Retiro, los familiares de los acusados se ubicaron en la bandeja inferior, en tanto que los familiares de las víctimas y dirigentes de organismos de derechos humanos lo hicieron en la parte superior de la sala.

Alrededor de las 10,30 el presidente del TO5, Daniel Obligado, dio comienzo a  la audiencia con la lectura de los nombres, los grados y los cargos que ocupaban al momento de los hechos y luego hizo la lectura de cada una de de las 789 violaciones por las cuales de los acusa, en su mayoría privaciones ilegales de la libertad, torturas y asesinato de las víctimas, la mayoría de ellas sometidas a condiciones inhumanas de vida.

También se registraron algunos incidentes ya que Cecilia Pando, dirigente de los familiares de los represores que comenzaron a ser juzgados, levantó su mano e hizo un gesto obsceno hacia ellos y le pidió a la Policía que retire a los fotógrafos que tenían en su indumentaria escudos que los identificaban como cercanos a los organismos de derechos humanos.

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