La medida afectará a la administración pública, pero “no a los servicios esenciales ni áreas críticas” como la salud o el transporte.
El gobernador firmó un decreto que establece un receso en la administración pública provincial entre el 2 y el 31 de enero. La idea fundamental es tener “ordenado el manejo de los recursos materiales y humanos, como así también para lograr la racionalización del gasto público”.
Los gremios que no gozarán del asueto el personal de los ministerios de Salud serán los agentes que prestan servicios en centros asistenciales, de Seguridad (Policía y Dirección de Defensa Civil) y de Justicia y Derechos Humanos (Servicio Penitenciario).
La decisión tampoco incluye a los empleados de los ministerios de Transporte, de Educación (al personal de las escuelas de zonas serranas, que dictan clase en verano), y de Administración y Gestión Pública (a los agentes afectados al Plan de Contingencias y a la Dirección de Jurisdicción de Mesa de Entradas), según informaron los medios locales.
“La experiencia indica que en este período se observa una marcada disminución de trámites y gestiones en determinadas áreas”, argumenta el Gobierno, que pondrá en práctica la racionalidad de gasto público durante enero por segundo año consecutivo.
La normativa apunta a que los organismos descentralizados de la Administración Pública de Córdoba puedan dictar normas semejantes, otorgando la licencia anual ordinaria a su personal, sin afectar la prestación del servicio a su cargo.
