El conflicto de la basura llego a la justicia. La fiscal subrogante Celsa Ramírez, de la Fiscalía Norte, cito a funcionarios del gobierno porteño, entre ellos el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli y a responsables de la empresa de recolección de residuos a brindar declaraciones testimoniales por la cantidad de basura que hay en las calles colapsando la ciudad.
Si bien en declaraciones publicas expresaron que el tema está solucionado, el conflicto gremial persiste
Tanto la fiscal Ramírez como la jueza penal y contravencional Andrea D’anas están trabajando para determinar las responsabilidades por la situación que padecen los porteños, sobre la base del artículo 54 que habla de colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos que pena con una multa de 600 a 15 mil pesos o tres a 30 días de arresto a los responsables pudiendo ser estos vecinos o empresarios según el Código Contravencional.
Si la responsabilidad es de empresarios, gremialistas y administrativos de la Ciudad se aplicaría el artículo 69 por afectar el funcionamiento de servicios públicos con una pena de 1000 a 5000 pesos o arresto de dos a diez días.
También estaría vigente el artículo 80 que castiga a quien ensucie bienes públicos o privados con una pena de 15 días de utilidad pública o multa de 200 a 3000 pesos.
La investigación girará sin duda en torno al espacio público, pero no a la afectación que la persistencia de la basura generara en los hogares de los ciudadanos.
