La ley de emergencia en materia de seguridad regirá en Santa Fe por 18 meses prorrogables e insta, entre otras cosas, a depurar las filas policiales de oficiales investigados o sospechados. Coincide con la crisis desatada a raíz de la detención del ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, por presuntos vínculos con el narcotrafico.
La decisión contó con 30 votos a favor del bloque justicialistas, y 12 en contra, mientras que siete legisladores se ausentaron. Con la emergencia, la idea básicamente es “la implementación de programas de contención social, para los individuos y sus familias”. La ley intenta agilizar las denuncias de delitos civiles, conflictos entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales y registro civil.
De esta manera autoriza al Ejecutivo a redireccionar partidas presupuestarias y a apartar a jefes policiales investigados, entre otras acciones.
La Emergencia en Seguridad designa al Ministerio de Seguridad como autoridad para que desde allí se haga una depuración de agentes policiales sospechados e investigados, ya sea en sede administrativa o judicial.
De este modo, facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.
También se podrán realizar reparaciones edilicias en dependencias policiales, o en su caso ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales para la implementación de la ley.
